3 de diciembre. El ex comandante del ejército boliviano, Juan José Zúñiga, encarcelado por el fallido levantamiento militar del 26 de junio de 2024, acusó hoy al ex presidente Luis Arce y a varios ex funcionarios de su gobierno de haber ordenado y planificado la movilización militar registrada ese día, según explicó a los periodistas a su llegada a la Fuerza Especial de Lucha C. (Pazrim).
Zúñiga, quien fue despedido horas después del incidente, reiteró que recibió instrucciones directas de Arce para movilizar tropas y vehículos blindados a la Plaza Murillo, sede de los poderes ejecutivo y legislativo.
Además de Arce, mencionó una lista de presuntos coautores. La entonces Ministra de la Presidencia, María Nela Prada; el ex ministro Hugo Moldiz; y personas a las que identificó únicamente como «Novilio» (ex ministro de Defensa, Edmundo Novillo), «Sonia» (ex ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo).
El exjefe militar afirmó que la rebelión habría sido articulada por el propio gobierno con fines políticos. Afirmó que su versión fue solicitada reiteradamente por los fiscales, pero señaló que hay «resistencias» a que se haga pública. «No quieren que testifique… ¿qué esconden?» dijo poco antes de ser llevado a la comisaría.
Zúñiga también defendió a los militares que participaron en el operativo, afirmando que «sólo cumplían órdenes» y que, a su juicio, «los verdaderos responsables están libres». Agregó que será acusador contra los funcionarios y personas que mencionó.
El incidente del 26 de junio ocurrió cuando unidades militares, encabezadas por Zúñiga, ingresaron temporalmente a la plaza central de La Paz con tanques y personal armado. El despliegue fue desactivado tras varias horas y sin enfrentamientos graves, según informes oficiales. El gobierno de entonces describió el incidente como un intento de golpe de Estado.
El caso continúa siendo uno de los procesos legales más sensibles del país y ha generado varias versiones contradictorias entre actores políticos, militares y autoridades investigadoras. Los fiscales mantienen cargos de terrorismo, insurgencia armada y otros delitos vinculados a la rebelión.