La serie constante de ataques con explosivos perpetrados por pandillas criminales en la Región de Catatumbo, norte de Santander, ha creado una atmósfera de terror y caos. El ataque más reciente se produjo en la comuna de Tarra. Este incidente señala una escalofriante realidad de violencia que parece no tener fin en la región.
Según informes preliminares, el ataque ocurrió aproximadamente a las 19:00 del pasado domingo, 11 de mayo, cuando se reportó la explosión de una granada que fue lanzada hacia la estación de policía local.
La detonación causó serias lesiones a varios uniformados, quienes fueron los más afectados por los escombros y las chispas que resultaron de la explosión. Los reportes locales también señalan que una fuerte onda de choque dañó la carpintería situada al lado de la estación de policía, afectando notablemente su estructura. A pesar de la gravedad del ataque, afortunadamente no se registraron víctimas fatales en este incidente.
Además, se ha informado que los uniformados heridos fueron trasladados a un centro de salud cercano para recibir tratamiento.
Catatumbo, en Norte de Santander. Foto:Andrés Carvajal
Las autoridades de esta región están actualmente llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar qué grupo criminal o armado es responsable del ataque. Este evento resalta la urgencia de abordar la violencia que asola a la región, que ha sido testigo de un gran impacto por parte de grupos armados ilegales.
Un aumento alarmante en el reclutamiento juvenil en Catatumbo
Más de 50 mujeres permanecen detenidas en territorios controlados por actores armados. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @CsearmelgaroJoa
La ONU para los derechos humanos en Colombia ha informado sobre más de 66,000 personas desplazadas, 126 asesinatos y 36 casos de reclutamiento de jóvenes, de los cuales el 23% son migrantes venezolanos. La situación humanitaria en la región es insostenible y requiere atención inmediata.
Tras su visita a Tibú y Cúcuta, Norte de Santander, Scott Campbell, un representante del Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, expresó su profunda preocupación acerca de las condiciones de riesgo que siguen afectando a las comunidades locales.
En este momento, más de 900 personas aún viven en refugios, otros han regresado sin las garantías de seguridad mínimas, y aproximadamente 11,000 ciudadanos siguen desplazados, enfrentándose al riesgo de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y las fuerzas públicas.
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De acuerdo con el último informe del Comando Unificado, se ha confirmado que entre más de cien víctimas fatales hay al menos 23 niños y jóvenes que han sido víctimas del reclutamiento forzado por parte de grupos armados.
«El reclutamiento forzado de niñas, niños y jóvenes menores de 18 años es un crimen cometido por grupos armados no estatales. Las plataformas de redes sociales están facilitando este tipo de reclutamiento en Colombia,» advirtió Campbell.
Campbell también respaldó la alerta emitida por el Defensor del Pueblo sobre el incremento de la violencia basada en género. En medio de la deteriorada situación del orden público, 56 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas han sido documentados, de los cuales el 64% de las víctimas son migrantes.
Felipe Santanilla Ayala
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