Con la explicación de la ausencia de hechos extraordinarios, el Tribunal Constitucional anuló la emergencia económica del gobierno de Pedro, una decisión que frena su estrategia fiscal y deja en la incertidumbre el destino de los fondos recaudados, en medio de una nueva pelea entre el Ejecutivo y el Alto Tribunal. Mientras el Presidente de la República cuestionó al oficialismo, los sindicatos y el sector económico lo apoyaron.
Johan Eduardo Rojas López
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La emergencia económica declarada por el Gobierno del presidente Gustav Petar a finales de 2025 ya no tiene fundamento jurídico. Ayer jueves, el Tribunal Constitucional decidió declarar inválido el decreto que dio lugar a este estado de excepción, cerrando así un capítulo que estuvo marcado por las tensiones entre el Ejecutivo y el Tribunal Superior.
La decisión se tomó con el voto de seis magistrados a favor y dos en contra, además de la injerencia del entonces presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez. Esto definitivamente socavó el compromiso del Gobierno de recurrir a poderes de emergencia para enfrentar el déficit fiscal, luego de que el Congreso republicano retirara la ley de financiamiento que solicitaba fondos por 16.300 millones de pesos.
No hay sorpresas ahí
Como se esperaba desde principios de este año, cuando el Consejo del Pleno ordenó la suspensión temporal del reglamento, el ambiente ya cantaba. En ese momento, el tribunal fue particularmente severo al advertir que el poder ejecutivo había sobrepasado los límites constitucionales, al tratar de resolver problemas estructurales con mecanismos extraordinarios. Incluso señaló que el Gobierno ha puesto en tensión el sistema de frenos y contrapesos y el sometimiento al Estado de derecho.
«El Reglamento 1390 de 2025 fue sancionado en un momento oportuno para que pudiera tener consecuencias jurídicas que escaparon a una revisión efectiva y oportuna por parte de la Corte», afirmó la mayoría de los magistrados.
Según esa lógica, el Tribunal concluyó que las razones presentadas por el Gobierno no cumplen con las condiciones exigidas por la Constitución para la declaración de una emergencia económica. Esto significa que no se trata de hechos posteriores, extraordinarios o imprevisibles.
Por el contrario, varias situaciones alegadas -como el déficit fiscal o el colapso de la reforma fiscal- forman parte, según el veredicto, de la dinámica normal del funcionamiento del Estado. Este fue el punto crucial en la discusión.
Para la mayoría de los jueces, el hecho de que el Congreso desapruebe una iniciativa gubernamental no es una situación excepcional, sino una expresión de democracia. En otras palabras, el ejecutivo no puede recurrir a poderes extraordinarios para compensar las derrotas políticas en el legislativo.
petro fue enviado
Como era de esperarse, el presidente Gustavo Petro reaccionó con fuerza. Durante un evento público, en el marco del Día Nacional de Recuerdo y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado en Quibdó, cuestionó la decisión del tribunal superior y aseveró que esta sentencia afecta la capacidad del Estado para garantizar derechos, especialmente en materia de reparación a las víctimas del conflicto armado.
Incluso envió un mensaje directo al país pidiendo que se identifique «por su nombre» a quienes, según él, están llevando a Colombia a la crisis.
«Los jueces deben explicar por qué la palabra «Estado social de derecho» está escrita en la Constitución (…) para que el pueblo sepa por su nombre quién está cometiendo el suicidio nacional», afirmó el jefe de Estado.
El presidente también aprovechó la oportunidad para impulsar un nuevo proyecto de ley de financiación ante el Congreso. Este sería el tercero en lo que va de su Gobierno. Y advirtió que si no avanza no descarta recurrir nuevamente a una emergencia económica, vaticinando que el pulso institucional podría continuar.
Incertidumbre
Sin embargo, para algunos sectores existe preocupación por qué pasará con los fondos recaudados durante el estado de emergencia, ya que, recordemos, antes de la suspensión del decreto, el Gobierno logró recaudar cerca de 814.000 millones de pesos a través de medidas como el aumento del IVA a las bebidas alcohólicas, mayores cargas al sector financiero y la continuidad del impuesto sobre nosotros.
Hasta donde se sabe, el futuro de estos fondos dependerá de otra decisión de la Corte, que se refiere a los decretos que se crearon tras el estado de emergencia. Allí se definirá si estos fondos pueden conservarse en el tesoro estatal o, por el contrario, deben devolverse a los contribuyentes.
Aunque este panorama se vuelve complejo, ya que los expertos en derecho tributario advierten que una eventual recuperación podría ser viable en algunos casos, como en los impuestos directos, pero prácticamente imposible en otros, como el IVA, donde identificar al contribuyente final es inviable.
Además, la decisión deja en el aire otros efectos derivados de las medidas adoptadas, como las aportaciones en especie del sector energético o los flujos destinados a fondos públicos.
Reacciones
Las críticas no vinieron sólo del Tribunal. Varios constitucionalistas coincidieron en que esta medida no tiene fundamento. El exmagistrado Carlos Bernal Pulido, por ejemplo, calificó la decisión del Gobierno como un intento de «mutación constitucional fraudulenta», un intento de cambiar prácticamente el equilibrio de poder sin cambiar el texto de la Carta Política. De la misma manera, la ex jueza Cristina Pardo señaló que es inaceptable basar un caso de emergencia en el rechazo del Congreso.
Además, los sectores empresarial y económico apoyaron esta decisión. Desde el sector energético, el presidente de Andega, Alejandro Castañeda, fue claro al enfatizar que «una emergencia económica sólo puede sustentarse en hechos nuevos», condición que, a su juicio, no se cumplió en este caso.
También dijo que el déficit fiscal no es un fenómeno reciente, sino un problema estructural, por lo que insistió en que «la cantidad de situaciones de emergencia no puede aprovecharse para resolver problemas que deben resolverse por los canales ordinarios».
«Intentar reformas a través de decretos de emergencia representa un uso inadecuado de los mecanismos constitucionales», señaló.
De igual forma, la presidenta del Consejo Colombiano Americano, María Claudia Lacouture, señaló que la decisión del alto tribunal es un precedente en la defensa de la institucionalidad. «El estado de emergencia no puede sustituir a la legalidad, ni las medidas excepcionales pueden convertirse en regla», afirmó.
El dirigente sindical también enfatizó que esta decisión envía un mensaje claro respecto a futuras decisiones del gobierno.
«Las medidas extraordinarias deben cumplir criterios estrictos y no pueden saltarse el debate democrático en el Congreso», añadió.