Los grupos de autodefensa, conocidos como Gaitanista (AGC), junto con sus vínculos con el clan del Golfo Persa, continúan perpetrando actos de violencia y extorsión en regiones conflictivas como Sucre y Córdoba. Su objetivo principal parece ser extraer dinero de los contratistas responsables de la ejecución de obras cívicas en estas áreas, utilizando métodos que implican desde la intimidación hasta la violencia física contra los empleados y la destrucción de maquinaria pesada utilizada en las obras.
Estos actos delictivos se repiten con frecuencia en múltiples frentes de trabajo, a pesar de que existe un registro de líderes, jefes de zonas, líderes financieros y miembros del grupo que operan en ambos departamentos. La situación ha llevado a un aumento en el sufrimiento de las comunidades locales, quienes ven cómo sus esperanzas de progreso se desvanecen debido a estas acciones. Las poblaciones afectadas se ven atrapadas en una espiral de violencia y desolación, enfrentando la paradoja de que los recursos destinados a mejorar sus vidas son secuestrados y mal utilizados por grupos criminales.
Se combinaron varias máquinas en las zonas rurales de Sahagún y San Marcos. Foto:Redes sociales
Una vez que logran imponer su control, el grupo obtiene millones de pesos a través de la extorsión, o en casos extremos, tomando la vida de empleados. Otra táctica común es la destrucción de la maquinaria amarilla utilizada en las obras, lo que retrasa aún más el progreso y deja a las comunidades sin la infraestructura que tanto necesitan.
Un líder comunitario, que prefiere mantener su identidad en reserva, expresa su frustración: «No entendemos cómo este grupo, que dice defender a la gente, comete actos en nuestra contra. Si llevan a cabo una colección o ataque, las obras no se concretan. Es desolador para nosotros.»
Poblaciones en el punto de mira
Los funcionarios del gobierno local y regional han observado que los miembros del AGC viajan a lo largo de las poblaciones de Sucre y Córdoba, en busca de obras existentes o nuevas por comenzar. «Identifican a los contratistas, se presentan en sus ubicaciones y les proporcionan un número de contacto, que corresponde al líder regional, quien les demandará un pago a cambio de permitirles continuar trabajando,» explican.
El Ministerio de Infraestructura ha informado que en la mayoría de las ocasiones en que se presentan estas situaciones, la dirección impede la continuación de las obras para evitar tener que cumplir con la extorsión.
Los esfuerzos de las autoridades para mitigar la situación incluyen cooperación con grupos de seguridad, como la policía del Grupo Gaula y la Marina Nacional, así como el Ejército. Sin embargo, la investigación es solo el primer paso para garantizar la seguridad del contratista y del trabajo en cuestión. «Si hay vigilancia adecuada, las obras pueden reanudarse,» apuntan.
Sin embargo, hay casos en que los delincuentes, aprovechando la oscuridad de la noche, destruyen la máquina utilizada en los proyectos. «Esto ha ocurrido en diversas zonas rurales de Sahagún, Córdoba, donde los equipos de trabajo han sido incendiados repetidamente,» comentan. También se reporta que en el pueblo de El Llano, ubicado en San Marcos, la maquinaria destinada a la construcción de carreteras ha sido objeto de actos destructivos.
Dada esta situación, la administración de San Marcos tuvo que solicitar la intervención directa de autoridades competentes para militarizar ciertos puntos y así garantizar la continuación de las obras de pavimentación necesarias.
Extorsión en áreas urbanas
La problemática de la extorsión no se limita solo a las zonas rurales, sino que también se expande a áreas urbanas. Varias obras que se están llevando a cabo en Vejo y Corozal han requerido protección oficial para ser completadas. Recientemente, el proyecto conocido como Alled Panel Bride I en la entrada de la comuna de Corozal y en la carretera troncal Occidental fue suspendido después de varios meses de trabajo.
Una situación similar se ha observado en el distrito de Libertad de JOJO, donde el Ejército tuvo que ser desplegado en puntos críticos para facilitar la finalización de los trabajos.
A pesar de la intervención militar, el clima de inseguridad persiste, y la inquietud en torno a la influencia de estos grupos criminales continúa siendo un desafío para las autoridades en la región.
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