De cada cuatro ataques contra la Fuerza Pública en Colombia, uno tiene lugar en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca.
La situación de seguridad en el Valle del Cauca y el norte del Cauca está marcada por una escalada de violencia que combina expresiones de violencia armada, criminalidad organizada.
Afectación de carro bomba en Corinto Foto:ELTIEMPO
En junio de este 2025, se desencadenaron múltiples ataques coordinados —incluidos carros bomba, explosiones y disparos— que azotaron Cali, Jamundí y zonas rurales del Cauca, atribuidos a disidencias de las Farc.
Estos hechos recientes han evidenciado no solo la persistencia de estructuras armadas ilegales con alta capacidad operativa, sino también las tensiones acumuladas en un territorio históricamente atravesado por conflictos no resueltos.
Atentados de grupos armados disidentes en norte del Cauca. Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE
Este es parte del panorama de seguridad en zonas de ambos departamentos de la nueva Red Regional de Observatorios de Seguridad, lanzada recientemente, tras una alianza entre 10 entidades del sector público, la academia y la sociedad civil para fortalecer la toma de decisiones basadas en datos frente a los desafíos en esta materia, en la región.
“La seguridad es un pilar fundamental que requiere el compromiso de todos. Es de resaltar este esfuerzo colaborativo que busca fortalecer las capacidades de análisis para mejorar la
planificación y la gestión frente a los desafíos regionales en materia de seguridad”, señaló Manuel Reina, director de Desarrollo Regional de ProPacífico.
Atentados en norte del Cauca y Valle. Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE
“De lo que se trata esta red es poder comprender mejor los retos y las prioridades de política pública, para identificar cómo desde el sector público, el sector social y la academia pueden generar mejores herramientas e instrumentos de intervención en política pública”, manifestó Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz.
Por su parte, Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, indicó que “es muy importante que podamos tener en una misma instancia a los observatorios, la academia, ciudadanos organizados y actores instituciones analizando datos y yendo más allá de la estadística, para que realmente se abran las conversaciones y se generen los debates necesarios en las coyunturas que hoy tenemos”.
La Red Regional de Observatorios de Seguridad está conformada por las organizaciones: Cali Cómo Vamos, Fundación Ideas para la Paz, Fundación Sidoc, Fundación Alvaralice, el Observatorio de Seguridad de Cali, el Observatorio Departamental de Prevención y Control de la Violencia de la Gobernación del Valle del Cauca y el Observatorio de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, ProPacífico, Universidad Icesi y la Escuela de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad San Buenaventura.
«Desde mediados de 2024, identificamos que la región contaba con una gran cantidad de organizaciones y entidades dedicadas al análisis de la seguridad, muchas de las cuales ya operaban observatorios activos para la recolección y manejo de datos sobre este tema, pero al mismo tiempo, contábamos con pasivos de información, es decir, los datos y análisis acumulados por diversas organizaciones y entidades en la región que, aunque valiosos, aún tienen un gran potencial por aprovecharse en el contexto de la seguridad. En lugar de duplicar esfuerzos, decidimos apostar por un trabajo colaborativo que integrara estas capacidades existentes», dice el informe conocido por EL TIEMPO.
«En este contexto, la consolidación de la Red de Observatorios de Seguridad surge como una apuesta estratégica que articula capacidades institucionales, académicas y territoriales con el fin de generar conocimiento, compartir información y construir respuestas más integrales. Durante los primeros encuentros de la Red, se identificaron dos desafíos clave: el desconocimiento mutuo entre los actores sobre los productos y capacidades de los distintos observatorios y entidades participantes, y la necesidad de establecer vínculos más sólidos para compartir información y generar sinergias en los esfuerzos de análisis y monitoreo de la seguridad».
Ataques el 10 de junio en Valle y norte del Cauca. Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE
En ese 2024, el norte del Cauca, y el norte y el sur del Valle fueron las zonas más afectadas por la violencia.
«En el norte del Cauca, se registraron altos índices de violencia, con 28 ataques contra la Fuerza Pública y ocho enfrentamientos entre grupos ilegales. Además, presentó una de las tasas más altas de homicidios (88,65 por cada 100.000 habitantes). En el norte del Valle, los homicidios aumentaron un 13 % con respecto a 2023, lo que refleja la reconfiguración de actores criminales en torno a las economías ilegales. En el sur del Valle, aunque los homicidios no aumentaron de manera significativa, la alta incidencia de extorsión (con un incremento del 13 %) y los ataques a la Fuerza Pública siguen siendo preocupantes», dice el informe.
Según la Red Regional de Observatorios de Seguridad, en cuanto al centro del Valle muestra una situación más estable en cuanto a homicidios, pero con un aumento del 27 % en extorsión (35,66 en 2024). Aunque no se registraron enfrentamientos entre grupos ilegales ni ataques significativos a la Fuerza Pública, el control de economías ilícitas, como la extorsión, sigue representando un riesgo latente».
Sobre este aspecto, expertos de dicha red coinciden en afirmar que Buenaventura, aunque ha experimentado una reducción del 44 % en homicidios, mantiene un alto impacto humanitario, con nueve casos de desplazamiento masivo y 20 de confinamiento, lo que indica que los actores ilegales continúan ejerciendo una fuerte presión sobre la población a través de mecanismos de control social.
Fuerza Pública, en las zonas de atentados, el 10 de junio de este 2025. Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE
Pero hay un panorama menos pesimista, pese a los atentados del pasado 10 de junio, en Cali, Jamundí y en el norte del Cauca que dejaron cinco muertos y más de 80 heridos. Hay mejora en la capital del Valle, pues, según la Red Regional de Observatorios de Seguridad, la ciudad presenta signos de mejora con una reducción del 8 % en homicidios y una disminución del 12 % en extorsión. «Estos descensos sugieren que las estrategias de seguridad han tenido un impacto positivo, aunque la ciudad sigue siendo un punto clave en las redes criminales de la región. Sin embargo, las dinámicas delictivas, como el hurto siguen siendo una preocupación importante en el contexto urbano».
Los focos donde se concentran los grupos armados
En la región del norte del Cauca y del Valle operan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el ‘Estado Mayor Central (EMC)’, de las disidencias de las Farc, la ‘Segunda Marquetalia’ y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o ‘clan del Golfo’.
Todos ellos se disputan el control territorial y las economías ilícitas en tres focos de conflicto ya identificados.
Uno de ellos es López de Micay y el Naya, donde el frente ‘Jaime Martínez’ del ‘Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas’ del EMC se enfrenta a una alianza entre Eln y la ‘Segunda Marquetalia’.
El segundo foco que las autoridades tienen en la mira es el Bajo Calima, en zona rural de Buenaventura, y el cañón de Garrapatas, donde el ‘clan del Golfo y el Eln’ siguen en disputa.
Entre tanto, en la cordillera Central hay enfrentamientos entre el frente ‘Dagoberto Ramos’ de la disidencias de las Farc y el frente ’57’, facción de la ‘Adán Izquierdo’ de esta misma insurgencia.
En esta zona se superponen dos áreas clave para la financiación de los grupos armados: el enclave cocalero del Naya y la conocida ruta de la marihuana, también llamada el ‘triángulo de la marihuana’. En estos territorios, se encuentran municipios como Miranda, Corinto, Toribío, Florida, y centros urbanos estratégicos como Santander de Quilichao y Cali, que operan como centros de acopio y comercialización de productos ilícitos.
Focos de los grupos armados ilegales en norte del Cauca y el Valle del Cauca. Foto:Red Regional de Observatorios de Seguridad
«Con este contexto y con los datos sobre enfrentamientos, ataques a la fuerza pública y acciones de la fuerza pública, de la Unidad de monitoreo de Conflicto y Seguridad de Fundación Ideas para la
Paz, se concluye que la región ha registrado una reducción de las confrontaciones directas entre grupos armados ilegales, pero se ha observado un aumento en los enfrentamientos con la Fuerza Pública. Este cambio se debe a la suspensión del cese al fuego con las subestructuras del ‘EMC’ que operan en el Cauca, Valle del Cauca y Nariño, así como a la salida oficial del ‘Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas’ de la mesa de negociación con el Gobierno Nacional. Esta situación ha generado un incremento en las acciones violentas en la región», dice el informe.
En este panorama se enfatiza en que la reducción de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales es del 50 % en el Valle del Cauca y del 33,3% en el norte del Cauca), pero «las acciones ofensivas de la Fuerza Pública aumentaron drásticamente: un 240 % en el Valle y un 200 % en el norte del Cauca. Esta tendencia refuerza la idea de que el conflicto ha variado, con un enfoque más militar por parte del Estado contra estructuras del ‘EMC’, lo que ha debilitado las confrontaciones directas entre los grupos ilegales, pero ha incrementado la presión sobre las disidencias».
Asimismo, los analistas destacaron que si bien el desplazamiento masivo por hechos del conflicto armado en estos departamentos bajó en un 35,71 % durante el último año, es preocupante el aumento de las masacres en un 130 % y de comunidades en confinamiento por los grupos armados (172,73 %).
«(…) es evidente que la presencia del Estado sigue siendo reactiva y focalizada, centrada en territorios críticos con alta visibilidad mediática. Las intervenciones del Gobierno no cuentan con una estrategia integral de contención y prevención sostenida, y dependen en gran medida de las voluntades de los grupos armados y sus dinámicas de control territorial», dicen expertos de la misma red regional de seguridad.
Uno de los aspectos más notorios es el aumento en el confinamiento, que afectó a 9.398 víctimas en 2024, frente a 7.090 en 2023. Este fenómeno refleja un cambio en las tácticas de control, donde el confinamiento no solo impide el desplazamiento, sino que también profundiza la vulnerabilidad de las comunidades atrapadas en territorios de conflicto. Además, las masacres han aumentado un 130 %, reflejando un recrudecimiento de la violencia letal.
Aunque el número de víctimas de desplazamiento forzado ha disminuido de 5.229 en 2023 a 4.327 en 2024, esta reducción no significa una mejora estructural en la seguridad.
«Más bien, sugiere una redistribución de la violencia y un cambio en los patrones del desplazamiento. En 2023, Buenaventura concentraba el mayor número de víctimas (3.504), mientras que, en 2024, los municipios más afectados son Bolívar (328 víctimas), Buenaventura (1.548), Buenos Aires (85), Suárez (2.116) y Toribío (250)», dijeron los analistas de la nueva Red Regional de Observatorios de Seguridad.
Además, el crecimiento del confinamiento es un mecanismo de control territorial.
«El confinamiento ha experimentado un aumento exponencial, pasando de 33 casos y 7.090 víctimas en 2023 a 30 casos y 9.398 víctimas en 2024. Municipios como Buenaventura (3.735 víctimas) y Toribío (5.015 víctimas) se han convertido en epicentros de este fenómeno, lo que refleja la consolidación de estrategias de bloqueo y control social por parte de actores armados.
Masacre en Cauca con incineración de vehículo con las víctimas. Foto:Archivo particular
Las masacres
El número de masacres ha aumentado de 10 casos y 22 víctimas en 2023, a 23 casos y 57 víctimas en 2024, lo que indica una escalada en la violencia selectiva y el uso de la masacre como mecanismo de control. Los municipios más afectados por masacres en 2024 incluyen Cartago, Corinto, Florida, Miranda, Palmira, Toribío y Toro.
Estos patrones revelan una situación compleja, donde se observa una reconfiguración de las disputas territoriales por parte de los grupos armados ilegales, vinculada al control de rentas
ilícitas y al dominio sobre las comunidades locales. Este reacomodamiento de los conflictos refleja el fortalecimiento de gobernanzas armadas, que ejercen control no solo sobre el territorio, sino también sobre las economías y la vida cotidiana de la población.
Estas dinámicas deben comprenderse dentro del marco de la “Paz Total”, proceso en el cual los grupos armados han modificado sus formas de ejercer violencia, ocultando sus efectos más visibles y consolidando mecanismos de control más sutiles. En la actualidad, el principal objetivo de estos grupos no es confrontar al Estado, sino controlar economías ilícitas y someter a las
poblaciones que habitan los territorios estratégicos. Como resultado, la población se encuentra en el centro de la gobernanza criminal, no solo como víctima, sino como parte activa del sistema de dominación territorial en el que los actores armados dependen de su cooperación, limitando —aunque no erradicando— el uso desmedido de la violencia.
En este contexto, el Estado se presenta más como un espectador que como un actor transformador de las dinámicas de violencia. La disminución o el aumento de ciertos indicadores humanitarios no parece depender de intervenciones estatales sostenidas, sino de la “voluntad” de los grupos armados de regular o intensificar sus acciones, de acuerdo con sus propios objetivos políticos, económicos y territoriales.
Más crímenes en norte del Valle y norte del Cauca
Frente a los homicidios, el aumento de estos hechos se registró en el norte del Valle y en el norte del Cauca.
«Las subregiones de estas zonas presentan las tasas más altas de homicidio en la región, con 94,11 y 88,65 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Además, ambas zonas registran un incremento del 13 % en los homicidios entre 2023 y 2024.
Mapa de homicidios en el Valle y en el norte del Cauca. Foto:Red Regional de Observatorios de Seguridad
Analizaron Buenaventura y el impacto de los procesos de negociación en el marco de la ‘paz total’, como un caso particular dentro del Valle del Cauca, pues presenta una reducción del 44 % en los homicidios entre 2023 y 2024.
Mapa de homicidios en el Valle y en el norte del Cauca. Foto:Red Regional de Observatorios de Seguridad
«Este descenso es el resultado de los acuerdos de no agresión impulsados entre las principales estructuras criminales del puerto,Shottas y Espartanos , en el marco de la política de paz total’, conversando con el Gobierno Nacional en el espacio de diálogo sociojurídico. Aunque, los pactos entre grupos armados han generado un cambio en la dinámica del homicidio, continúan los impactos a la población social, que se reflejan en aumento de extorsiones y desplazamientos intraurbanos», dice el informe de la Red Regional de Observatorios de Seguridad.
El sur del Valle arrojó, por su parte, una tasa de 52,79 homicidios por cada 100,000 habitantes y también experimentó un incremento del 10 %, con focos de violencia en Pradera, Florida y Jamundí, municipios donde la expansión de cultivos ilícitos y la reconfiguración de grupos armados han convertido la zona en un escenario de disputa territorial.
Homicidios en el Valle y en el norte del Cauca. Foto:Red Regional de Observatorios de Seguridad
El nuevo informe resalta que Cali tuvo una disminución del 8 % en 2024, en medio de un contexto de criminalidad.
«Pese a que las cifras y tasas de homicidios de la ciudad continúan siendo más altas respecto a otras ciudades capitales de Colombia, es importante resaltar el cambio en el comportamiento de este fenómeno a través del tiempo. Como se puede apreciar en el gráfico 1, se evidencia que la cifra registrada durante el 2024 es la más baja de los últimos 31 años, con 934 casos de homicidio, cifra que se encuentra por debajo del promedio de vigencias anteriores, representando una reducción de 10 % respecto a la mediana del período de gobierno anterior (2020 – 2023) y una documento.
Cultivos ilícitos: nueva dinámica, grupos armados utilizan la comunidad
La región continúa siendo un epicentro estratégico para la articulación de economías ilícitas, debido a sus condiciones geográficas, políticas y económicas. Valle del Cauca, Cauca y Chocó concentran cifras históricas de cultivos de coca y minería ilegal.
En 2023, se registraron más de 253.000 hectáreas de cultivos ilícitos, siendo las zonas de Naya, Bajo Calima y el norte del Cauca puntos clave donde confluyen cultivos, rutas del narcotráfico y presencia de grupos armados, dijeron analistas de la Red Regional de Observatorios de Seguridad.
Además, más del 70 % de la minería ilegal en Colombia se desarrolla en enclaves sin control estatal, alimentando economías criminales sostenidas por actores armados y redes de intermediación financiera ilícita», dice el informe.
«La posición geoestratégica de Cali y su región circundante, con conexiones marítimas, fluviales terrestres, convierte a la ciudad en un nodo privilegiado para la producción, acopio, distribución y lavado de activos provenientes de estas rentas ilícitas. En conjunto con Buenaventura y Tumaco, Cali se establece como un hub de articulación entre economías ilegales, crimen organizado local y redes globales de tráfico y lavado, donde se cruzan dinámicas de micro y macrocriminalidad», es otro aparte del documento.
«Otro aspecto crucial es el cambio en las lógicas económicas de los actores armados ilegales, que buscan mantener relaciones funcionales con las comunidades para garantizar el control territorial y la continuidad económica. Este cambio se refleja en su inserción en economías formales y legales. Esta evolución implica una gobernanza armada más compleja y menos visible, donde los actores criminales buscan no solo control económico, sino también reconocimiento político e influencia social», se indica en el informe.
La coca creció en 200 %; Naya y Jamundí, nuevos enclaves
Además, se hace la advertencia de que «durante los últimos cinco años, los cultivos de coca en la región han crecido más del 200 %.
El Valle del Cauca es uno de los corredores más relevantes para el tráfico internacional de estupefacientes, lo que ha intensificado la fragmentación del poder criminal y la disputa por territorios estratégicos, particularmente aquellos cercanos a los centros de distribución o rutas de salida geográficas atractivas. Esta situación representa un reto inmediato de seguridad en la región, frente a la amenaza de criminalidad organizada.
En la Red se indica que «desde 2022, entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, se han consolidado dos nuevos enclaves productivos: El Naya y la zona entre Jamundí, Buenos Aires y Timba (sur del Valle y norte del Cauca). Estos enclaves han experimentado un incremento del 27 % en 2023. El análisis de los datos muestra una reconfiguración territorial del narcotráfico, donde ciertos municipios aumentan su participación en la cadena de producción, mientras que otros experimentan una reducción de cultivos, posiblemente debido a intervenciones estatales o el desplazamiento de los cultivos a nuevas zonas».
En el último año, las áreas sembradas con coca se incrementaron un 10 %, y la producción potencial de clorhidrato de cocaína creció un 53 % a nivel nacional. «Este aumento ha generado una interacción creciente entre economías ilícitas y lícitas, además de intensificar la presencia de la criminalidad organizada en los centros urbanos. La transformación de los procesos de cultivo ha provocado cambios estructurales en las relaciones de poder, financiamiento y actividades conexas, entre bandas locales al servicio del narcotráfico, grupos armados organizados y delincuencia organizada transnacional», dice el informe.
«Los mercados de cocaína han experimentado un crecimiento significativo a nivel transnacional en los últimos años, lo que ha impulsado avances hacia la tecnificación, diversificación y expansión de la demanda, consolidando zonas de concentración de cultivos con perfiles industriales para maximizar el rendimiento de hoja por hectárea. Este fenómeno ha llevado a una concentración geográfica de los cultivos de coca, con la región del Pacífico destacándose como el mayor productor a nivel nacional», dice el reporte.
