Militante del Partido Comunista cubano y miembro del colectivo que edita la revista La Tizza, Ernesto Teuma aborda en esta entrevista, entre otros temas, las características de la crisis actual en la isla.
—¿Dirías que las nuevas diferencias de clase o de ingresos en Cuba se han hecho más visibles durante los apagones?
—Se han hecho más visibles en general, tanto en el extremo superior como en el inferior del espectro de renta. Tras el proceso de reforma liberalizadora iniciado por el VI Congreso del Partido de 2011, el cual tuvo como precedente una discusión popular a partir del denominado Proyecto de Lineamientos de la política económica y social, el mercado de la vivienda se flexibilizó y quienes podían permitírselo empezaron a comprar mejores casas, así como a construir o alquilar propiedades para negocios privados. Han proliferado los dispositivos de seguridad, desde cámaras privadas de CCTV hasta sofisticadas vallas. Han empezado a aparecer vehículos de gama alta por La Habana, importados por el sector privado, y algunas zonas de la ciudad se han encarecido, dominadas por una minoría minúscula y solvente. En el extremo inferior, mientras tanto, se pueden ver cosas que antes no estaban o no eran tan perceptibles, como la mendicidad callejera. Hay más basura abarrotando los barrios golpeados por la escasez de petróleo. Y se ha producido un marcado deterioro de algunos servicios públicos y de garantías sociales. Estas, antes universales, eran el fundamento social de un cierto modo de vida compartido, pero con el aumento de la inflación y las privaciones materiales, han dado paso a soluciones más individuales, que existen para algunos, pero no para otros. Por ejemplo, la falta de medicamentos garantizados ha provocado el auge del mercado negro, pero a precios inauditos tan solo hace cinco o seis años, que pueden ser hasta 30 veces más caros que en las farmacias públicas.
Esto refleja una dinámica, típica de las sociedades capitalistas, en la que el acceso a los bienes y servicios está cada vez más mediado por el nivel de ingresos, en lugar de, por ejemplo, por el acceso político de las personas o su posición en la economía estatal, como suele ocurrir en las economías altamente centralizadas como la antigua Unión Soviética y el bloque del Este, donde existía una distribución política del excedente social. Junto con este cambio, hemos asistido a una transformación en las expectativas de la población en general, cuyo bienestar depende a menudo de la pura suerte: de las remesas de los familiares en el extranjero o de las oportunidades en el nuevo sector privado.
—¿Cuál es tu análisis de las reformas introducidas bajo el mandato de Raúl Castro, tras el VI Congreso de 2011? ¿Cómo han afectado a Cuba?
—En cierto modo, las reformas fueron impulsadas por acontecimientos externos repentinos. La crisis financiera de 2008 golpeó la economía cubana al mismo tiempo que los huracanes Paloma e Ike devastaban grandes zonas del país. Pero también se había estado desarrollando un proceso endógeno más lento desde el período especial [período especial en tiempos de paz] de principios de la década del 90, que había dado lugar a un debate más o menos permanente sobre el sector estatal, que no era tan dinámico como debería y adolecía de muchas de las deficiencias típicas de las economías centralizadas y gestionadas por el Estado. En 2008 el modelo económico cubano era poco más que un mosaico de soluciones traídas del período especial: la relación comercial con Venezuela, el programa de recentralización, la denominada Batalla de ideas, es decir, el período de debate nacional lanzado por Fidel Castro a finales de 1999 a partir de la movilización popular para liberar a Elián González, el niño cubano de 6 años detenido en Estados Unidos. Existía un doble sistema monetario: el llamado peso convertible era utilizado por un sector conectado con el mercado mundial a través de las exportaciones, las remesas y el turismo, mientras que el peso estándar era utilizado por un sector, que comprendía gran parte de la actividad económica interna de Cuba, los servicios sociales y el presupuesto estatal. Estos ámbitos coexistían y se solapaban en cierta medida, pero seguían siendo fundamentalmente distintos, con precios y tipos de cambio separados, lo cual provocó dificultades a la hora de evaluar la eficiencia relativa de la economía, así como en la contabilidad y la inversión.
Este mosaico se deshizo con la crisis financiera de 2008 y no pudo recomponerse. La reforma de 2011 intentó pasar de un modelo centrado en el Estado, que implicaba la distribución universal de todos los elementos importantes de la vida cotidiana, a otro mixto en el cual el sector estatal seguía controlando «los puestos de mando», la dirección de la economía, al tiempo que permitía a los actores no estatales –de las cooperativas al capital transnacional– formar un nuevo sector privado. Las semillas de esta transición ya estaban en marcha en la década del 90, por ejemplo, en el sector turístico en expansión, en el que la política anterior, de un salario social que el sector estatal utilizaría para cubrir ciertas necesidades, fue suplantada por un sistema en el que los precios, los salarios y los ingresos desempeñaban un papel mucho más pronunciado. Ello puso en tela de juicio la idea misma de una economía dirigida e introdujo soluciones más automáticas basadas en los precios y en el mercado. También se produjo un cambio en cuanto a los participantes en la economía, el modo de organizar el trabajo y las modalidades de reproducción individual de las personas.
El sector privado, dominado por el turismo y el comercio minorista, ha mejorado la vida de un estrecho estrato de empresarios y trabajadores, pero se compone sobre todo de actividades de escaso valor productivo, que concentran las limitadas oportunidades de crecimiento del país. Sigue siendo pequeño en términos de su aporte al PBI, ya que tan solo representa entre el 10 y el 12 por ciento, pero emplea a más de un tercio de la población económicamente activa y sus importaciones han aumentado drásticamente en los últimos tres años. Los riesgos asociados a este modelo se hicieron más evidentes durante la pandemia. Mientras duró la crisis, los empleados del sector estatal recibieron un porcentaje de sus salarios, lo que les proporcionó unos ingresos bajos pero regulares, mientras que muchos trabajadores del sector privado perdieron todas sus fuentes de ingresos, quedando desprovistos del acceso a cualquier otro recurso. Aún contaban con algunas garantías sociales universales, pero estas no eran ni mucho menos suficientes. Así pues, si la reforma de 2011 fue inducida por un choque exógeno, también creó sus propios choques endógenos, porque el paso de un modelo a otro hizo que los medios de subsistencia de la población se vieran amenazados por este tipo de apuesta profundamente incierta por el sector privado.
Hubo varios zigzags en la aplicación de la reforma. Su primera fase preveía la eliminación de diversas subvenciones y gratuidades estatales. La famosa libreta de abastecimiento, la cartilla de racionamiento introducida en 1963, había sido diseñada para una economía que no estaba lo suficientemente desarrollada como para proporcionar abundantes alimentos, ropa o bienes de consumo a sus ciudadanos, pero que, sin embargo, intentaba garantizar el mínimo básico subvencionando los alimentos, la electricidad, etcétera. Con la reforma de 2011 se suponía que debía suprimirse y que el sector estatal debía reducirse, dejando a 1 millón de trabajadores a disposición del sector privado. Al final, sin embargo, el Estado se retractó de estas ambiciones. Se despidió a un número mucho menor de trabajadores y la libreta sobrevivió, aunque mucho más pequeña.
Ello ocurrió porque diferentes sectores económicos, incluidos trabajadores y militantes, se opusieron a los cambios propuestos y crearon una situación «intermedia» en la que ya no se tenían las garantías del viejo modelo ni la «prosperidad» del nuevo. El auge de un sector privado limitado fue en parte una alternativa a estos callejones sin salida del plan de reforma. En 2021 se abolió el peso convertible, pero algunos sectores de la economía siguieron utilizando un sistema monetario diferente, lo que significó que –al igual que en el período especial– asistimos a la aparición de un mercado gris y negro de divisas en el que ahora opera parte del sector privado.
Lo que tenemos, pues, es una especie de collage: una sociedad compleja y heterogénea, que ha sufrido sacudidas tanto producto de decisiones deliberadas como por acontecimientos fortuitos –los huracanes, la pandemia de la covid-19, las reverberaciones de la reforma–. Por un lado, estos cambios sociales fueron el resultado de decisiones políticas deliberadas; por otro, han implicado una serie de accidentes y contingencias. La transición ha sido muy dolorosa, entre otras cosas, porque los principios de solidaridad e igualitarismo siguen estando muy presentes en cómo viven los cubanos de a pie y cómo imaginan que debería ser la sociedad.
—¿Fue siempre improbable que las reformas dinamizaran la economía o podrían haber funcionado de no ser por el bloqueo estadounidense? ¿Qué papel desempeñó el endurecimiento de las sanciones por parte de Donald Trump?
—La decisión de Cuba de invertir en turismo, desarrollar el sector privado y utilizar modelos monetarios poco ortodoxos tuvo mucho que ver con las modalidades de desarrollo de la nueva fase de «normalización» de las relaciones con Estados Unidos durante el período mediado entre 2014 y 2018. El endurecimiento de 2019 limitó entonces el margen de maniobra durante el proceso de reforma. Mucha gente, incluidos los cubanos, sigue viendo el bloqueo estadounidense como algo bastante abstracto, pero tiene una serie de efectos concretos. Algunos son a corto plazo. No pueden utilizarse dólares estadounidenses para las transacciones: los bancos serán multados si efectúan transacciones con Cuba, especialmente desde que el país ha sido incluido, de manera absurda, en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, fruto de la decisión tomada por el gobierno saliente de Trump en enero de 2021 y continuada bajo la presidencia de [Joe] Biden, con [Antony] Blinken al frente del Departamento de Estado. Lo mismo ocurre con el acceso a las tecnologías. Durante la pandemia, a Cuba se le negaron ventiladores pulmonares que se necesitaban para los casos agudos de covid-19, porque contenían componentes y tecnologías estadounidenses. O, por poner otro ejemplo, si una empresa que suministra tecnología para diálisis es comprada por una compañía estadounidense, esa tecnología deja de estar disponible de repente, lo que obliga a Cuba a buscar una nueva cadena logística, que podría estar a una distancia diez veces mayor, aumentando significativamente los costes. Este tipo de cosas pueden observarse en todos los sectores.
Luego están los efectos a medio plazo. Al reducir los recursos disponibles, el bloqueo nos constriñe el espacio para la experimentación política, porque las decisiones que se toman en condiciones de crisis tienden a ser muy ejecutivas y de alcance limitado. Por ejemplo, se importan alimentos, energía y ciertos medicamentos y suministros básicos, pero no mucho más. Así que el bloqueo también impone límites a la imaginación y la capacidad políticas. Por último, nos topamos con las consecuencias a largo plazo. Es parecido a la desertización en el sentido de que el bloqueo genera un agotamiento gradual de la capacidad de la economía cubana para sostenerse o de ciertos sectores para sobrevivir. Si el gobierno se ve obligado a dar prioridad a la inversión en algunas áreas, se descuidan otras, como la vivienda y las infraestructuras, y se llega al tipo de crisis que hemos vivido recientemente en el sector energético.
Esto también crea una situación en la que los diferentes sectores económicos entran en competencia política por la inversión, que origina una situación de puja redistributiva. El turismo ha intentado presentarse como uno de los motores de la economía cubana, un sector que promueve el crecimiento a medio plazo y que, por lo tanto, merece ser protegido. Ha habido aumentos salariales selectivos en la sanidad y la educación públicas, que no están disponibles para los trabajadores de otras áreas del sector público. En la economía de escasez, las decisiones sobre cómo se distribuyen los recursos son a menudo de suma cero.
—¿Puede el gobierno cubano confiar en la movilización popular en tiempos de crisis, como ha hecho en el pasado? ¿Se organizó la gente para apoyarse mutuamente durante las recientes catástrofes?
—Las organizaciones sociales y políticas hicieron un llamamiento a sus miembros para que ayudaran a restablecer la normalidad, limpiaran sus barrios y prepararan el terreno para la ayuda técnica que llegaba de todo el país. Cuando Guantánamo se vio gravemente afectado por el huracán Oscar, la gente reunió donativos y otras formas de ayuda para complementar el socorro estatal. Pero los recursos disponibles, tanto populares como gubernamentales, son escasos. La economía cubana ha decrecido durante los últimos cuatro años, al tiempo que experimentaba una inflación creciente, lo cual ha provocado una emigración masiva: alrededor del 10 por ciento de la población abandonó Cuba durante este período, lo que agotó aún más los «recursos públicos».
Desde 2019 también se ha producido un cambio en la forma en que la sociedad civil se relaciona con instituciones públicas, como los Comités de Defensa de la Revolución, el Partido o la juventud comunista. El ascenso del sector privado como actor importante de la economía ha cambiado las reglas de juego, incluido el precio de los bienes básicos, la política laboral y la proporción de la población que emplea. A medida que ha disminuido la actividad económica del Estado, se han debilitado las disposiciones y las garantías sociales que eran esenciales para el modelo cubano desde, al menos, finales de la década del 70. Esto ha disminuido tanto la visibilidad del Estado como su capacidad para hacer frente a la crisis: no solo en lo que se refiere a la movilización de recursos materiales, sino también de las personas.
11 julio, 2025
Publicada originariamente, bajo el título de «Una nueva izquierda en Cuba», en el número de junio de la New Left Review en español, que firmó colectivamente la nota. Brecha reprodujo fragmentos. Versión completa aquí: diario-red.com/articulo/armas-para-pensar/nueva-izquierda-cuba/20250531110210048473.html
