Gobierno de Rodrigo Paz llega a acuerdo con transportistas y desactiva su protesta
La Paz. Una multitudinaria y ruidosa marcha de mineros congestionó ayer las calles del centro de La Paz, mientras se realizaban protestas en otras ciudades bolivianas durante el primer día de una huelga laboral convocada en rechazo a la abolición del subsidio a los combustibles, instituida por el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz.
La policía rodeó los accesos a la plaza central donde se ubica el palacio de gobierno en La Paz para impedir el ingreso de los manifestantes. En la vecina ciudad de El Alto, las asociaciones de vecinos mantuvieron cerradas algunas carreteras y hubo bloqueos en seis de las nueve regiones, según el administrador de carreteras.
«Estamos en las calles en una lucha que continuará hasta que se derogue este decreto que elimina el subsidio», advirtió a la prensa Andrés Paye, dirigente minero. «Este gobierno está aprobando regulaciones para beneficiar a los empresarios y castigar a los pobres», acusó.
Sindicatos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), por su parte, participaron en una multitudinaria marcha en Cochabamba, la tercera ciudad del país andino, y mantuvieron bloqueadas dos carreteras troncales del oriente.
Aparte de estas protestas, la huelga general – convocada por la Central de Trabajadores de Bolivia (COB) – aparentemente no tuvo impacto general el primer día.
El gobierno logró cerrar acuerdos el fin de semana con la mayoría de los sindicatos del transporte, por lo que desactivó la protesta e inició negociaciones con otros sectores. El transporte era normal en La Paz, aunque escaso en el sector urbano de Santa Cruz, el más poblado del oriente.
“No hay huelga, los transportistas trabajaremos al servicio del pueblo”, aclaró a la prensa Lucio Gómez, líder del sindicato, tras la reunión con las autoridades.
Luis Paco, otro dirigente sindical, dijo a los periodistas que «sabíamos que en algún momento se acabaría el subsidio, no era el momento, el ajuste no estaba pactado, pero era inevitable».
Paz, que asumió el cargo el 8 de noviembre, puso fin al subsidio a los combustibles que los gobiernos de izquierda habían mantenido durante más de 20 años a un precio de 0,53 dólares el litro, pero las importaciones de gasolina y diésel, que alcanzaron los 3.000 millones de dólares anuales, agotaron la reserva de divisas y agudizaron la peor crisis económica que golpea a los bolivianos en cuatro décadas, tras el principal apoyo durante cuatro decenios de la industria de los hidrocarburos.
«El país está enfermo y necesita ser curado. Cada día se destinan 10 millones de dólares a una subvención que finalmente favorece el contrabando. La medida no se puede revertir, pero es el punto de partida», afirmó el presidente de centroderecha durante un encuentro con los ciudadanos el domingo en la televisión estatal.
Al mismo tiempo, Paz decretó un aumento salarial de 20 por ciento, alcanzando a 15 por ciento de la fuerza laboral, ya que 85 por ciento está en el sector informal, al tiempo que mantiene bonos sociales para ancianos y familias pobres, que -según anunció- se incrementarán. Los transportistas, por su parte, podrán importar piezas de automóviles libres de derechos.
Los sectores empresariales han apoyado las medidas, que también han sido respaldadas por el gobierno estadounidense. Paz intenta atraer inversiones para reactivar la economía.