Se cierra por decreto el Parque Nacional Natural Tayrona, pero continúa brindando servicios bajo la nueva normalidad.
De Parques Nacionales ordenó su cierre oficial por falta de garantías, los indígenas de Kogui han tomado el control absoluto del territorio: gestionan el acceso, organizan las actividades internas y toman decisiones sobre el funcionamiento diario de la reserva natural más emblemática del Caribe colombiano.
Incluso el último guardia de seguridad privada abandonó el lugar en las últimas horas. Hoy en día, según los propios municipios, la autoridad en el parque recae únicamente en los llamados «hermanos mayores».
Para ellos no es una profesión. Se trata de recuperar lo que consideran suyo.
«Somos la máxima autoridad del Tayrona»
Juan Carlos Gil, portavoz de los delegados del Gobierno indígenas, asegura que la durabilidad del parque continuará indefinidamente hasta que el gobierno acepte dialogar sobre nuevos términos.
Los visitantes llegan al Tayrona bajo la autoridad de la comunidad indígena. Foto:Roger Urieles
«A partir del lunes nos reuniremos aquí pacíficamente para iniciar un diálogo formal con los parques nacionales. Hasta que se sienten con nosotros, permaneceremos aquí», afirmó.
El líder indígena sostiene que la decisión se tomó luego de la destrucción de un edificio comunitario en el parque, lo que desató el conflicto.
Pero la demanda va más allá de este episodio: Kogi exige coadministración total del Tayrona.
Según Gil, esto significa tener voz en todas las decisiones y participar directamente en los ingresos económicos que genera el parque.
«Desde que Tayrona empezó a operar, los Kogui nunca hemos recibido ningún apoyo económico. Tampoco hemos sido incluidos en nada», afirmó.
El parque está abierto a pesar del cierre oficial.
Aunque el parque permanece oficialmente cerrado, la actividad turística no ha cesado.
Continúan llegando turistas nacionales y extranjeros, que se toman fotografías y recorren los senderos, encabezados por miembros de la comunidad rural que han asumido el rol de guardaparques. Tickets informa que el pago no es una tasa oficial, sino una contribución social.
El pueblo indígena Kogui controla el acceso al Parque Tayrona. Foto:Roger Urieles
Actualmente los visitantes pagan aproximadamente: 50.000 pesos extranjeros y 30.000 pesos nacionales.
Según líderes indígenas, el dinero se utilizará para alimentación, logística y apoyo a las comunidades del área protegida.
Paulo Sánchez, presidente del Consejo de Acción Social del fundo El Zaino, Garantiza que la operación se desarrolle con normalidad.
«Se trata de miembros de la comunidad capacitados que brindan información y apoyo a los visitantes. Todo funciona con total normalidad», explicó.
Los tours incluyen guía obligatoria y verificación de seguro médico debido a la inundación de senderos y áreas peligrosas luego de las recientes lluvias.
Turismo dividido y pérdidas económicas
El cierre oficial limitó drásticamente la llegada de invitados. Según Sánchez, por una de las entradas pasaron unas 400 personas en un día, mientras que normalmente pueden entrar hasta 2.000 turistas.
La caída del turismo ya está impactando la economía regional.
«Las pérdidas son incalculables. Cuando alguien visita un hotel en la Troncal del Caribe, su objetivo siempre es entrar al Tayrona», dijo un líder comunitario.
La policía brinda apoyo pero no interviene cuando se arresta a campesinos e indígenas. Foto:Roger Urieles
El conflicto afecta no sólo a quienes operan dentro del parque, sino también a hoteles, restaurantes, transportistas y vendedores de toda Santa Marta.
Aún así, algunos turistas apoyan la presencia de indígenas, argumentando que Tayrona es un territorio ancestral que debería ser administrado por indígenas.
“Nos encanta ver a nuestros hermanos mayores frente a este lugar santo. Tienen todo el derecho de hacerlo”, dijo una turista bogotana que ingresó con su esposo e hijos.
Quejas sobre los parques nacionales
Koguis cuestiona la gestión histórica del parque por parte del Estado. Aseguran que pese a los ingresos diarios que genera el destino turístico, la infraestructura está descuidada.
«Durante meses hemos visto carreteras destruidas, puentes colapsados y nula inversión. Lo abandonaron y siempre nos tuvieron del lado», denunció Gil.
Las comunidades también rechazan las acusaciones oficiales que las vinculan con grupos armados ilegales.
«Queremos negarlo. Los kogui somos gente de paz y nunca hemos estado asociados con grupos armados», afirmó un portavoz indígena.
Tensión con el gobierno
Parques Nacionales ha sostenido públicamente que la toma del parque es ilegal y ha advertido que las comunidades actuarán bajo la influencia de estructuras armadas presentes en la región, una afirmación que los indígenas consideran peligrosa y estigmatizante.
Mientras tanto, la policía mantiene presencia en los accesos pero no interfiere directamente con la administración de los pueblos indígenas y campesinos.
El entorno sigue en un delicado equilibrio: un parque cerrado por decreto estatal pero que funciona en parte bajo control comunitario.
Un conflicto que redefine el futuro del Tayrona
Los hermanos mayores insisten en que no abandonarán el territorio sin un acuerdo.
Se postula su participación real en la gestión del parque y su reconocimiento político, territorial y económico.
“Si el parque quiere seguir funcionando debe dialogar con nosotros y tenernos en cuenta en todo”, advirtió Juan Carlos Gil.
tayrona, símbolo natural de Colombia y motor turístico del Caribe, Hoy se encuentra en una disputa que va más allá de las cuestiones ambientales: enfrenta dos visiones de poder sobre un mismo territorio.
Por un lado, la legalidad estatal y institucional. Por otro lado, pueblos ancestrales que exigen autonomía sobre lo que consideran su templo sagrado.
Y aunque el diálogo no se produce, el parque más importante del país sigue funcionando en una realidad paralela: oficialmente cerrado, pero gestionado por quienes dicen haber regresado para no volver a ser excluidos.
Autor: Roger Urieles para EL TIEMPO Santa Marta. @rogeruv
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