El Ministerio de Vivienda ha emitido un decreto que elimina la necesidad de permisos de construcción para mejoras de viviendas. Aunque la medida busca facilitar el acceso, ha generado críticas.
Mediante el Reglamento 1166 de 2025, el Ministerio de Vivienda estableció condiciones especiales para aprobar intervenciones en programas de mejoramiento de vivienda, vivienda progresiva y construcción en terreno propio, cuando se financien con subsidios para vivienda familiar.
La norma “Adiciona el apartado 5 al Capítulo 1 del Capítulo 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Reglamento 1077 de 2015 relativo a condiciones especiales para la realización de operaciones en las modalidades de mejoramiento de vivienda, vivienda progresiva o construcción en propiedad propia sujetas al subsidio para vivienda familiar.
Según recoge el documento, estas medidas buscan «facilitar la aprobación e implementación de las intervenciones que sean necesarias y resulten de subsidios para vivienda familiar que se otorguen según las modalidades descritas, mejorando las condiciones de vida en las viviendas de los hogares beneficiarios».
Entre los puntos más importantes, el Reglamento señala que no será necesario obtener un permiso de construcción, siempre y cuando las entidades administradoras del subsidio o las unidades territoriales «garanticen que el diseño de las soluciones habitacionales se ajusta a lo establecido en la norma colombiana de resistencia a sismos que se encontraba vigente al momento del otorgamiento del plan de subsidio del territorio y del plan de subsidio del espacio».
Asimismo, se crea la figura de la Carta Responsabilidad, documento que “confirma y autoriza que las condiciones del proyecto se ajustan a las normas aplicables a estas modalidades”, la cual actuará como licencia o autorización para el constructor o contratista del proyecto. Esta carta debe ser enviada a las autoridades municipales correspondientes.
El Ministerio de Vivienda implementará una estrategia de desarrollo de capacidades dentro de los seis meses siguientes a la publicación del decreto, «para garantizar la idoneidad y transparencia en la elaboración y validación de las propuestas de intervención», a través de la capacitación y certificación de los expertos encargados de las obras.
Además, el decreto estableció que las viviendas beneficiadas «no deberán estar ubicadas en zonas de riesgo no mitigables o de protección ambiental» y que los costos de certificación serán asumidos proporcionalmente por las entidades subsidiarias.
El gobierno reiteró que los peritos que suscriban los planos, informes y estudios técnicos serán responsables de su contenido, y que estarán sujetos al régimen de responsabilidad que corresponda a su profesión.
Controversia
El reglamento ya ha entrado en vigor y ha provocado críticas en el sector de la construcción. María Paula Dussan, gerente de Camacol Huila, explicó los motivos del malestar.
“En Camacol interpretamos el Decreto 1166 de 2025 como una medida que busca acelerar la implementación de programas de mejoramiento habitacional y de autogestión de los hogares más vulnerables, pero esto requiere mayores detalles técnicos y legales para garantizar su correcta aplicación”, dijo.
Incluso desde la fase de observación, el sindicato advirtió sobre la importancia de regular el procedimiento previsto para la emisión de aprobaciones para la ejecución de obras, definiendo claramente la responsabilidad de las entidades que otorgan subsidios y precisando el concepto de vivienda progresiva. La ausencia de estos elementos puede generar vacíos legales y riesgos en términos de calidad, seguridad de la construcción y trámites constructivos. En este sentido, no puede influir directamente en la dinámica de la construcción, aunque no puede influir directamente en la dinámica de la construcción. el entorno en el que operamos, introduciendo procedimientos paralelos sin los mismos estándares técnicos o de control».
Finalmente, enfatizó que Camacol «mantiene su compromiso de trabajar con el Gobierno nacional para que las políticas de vivienda social se implementen con agilidad, pero también con seguridad, transparencia y sostenibilidad urbana».
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