Las imágenes de Lyan José Hortúa acogido por su familia luego de pasar casi tres semanas en poder de sus secuestradores le dieron la vuelta a Colombia el pasado miércoles 21 de mayo, cuando fue liberado tras una opaca negociación de la familia que permitió su entrega a la Defensoría del Pueblo. La pesadilla del cautiverio terminó para el menor de 13 años, cuyo secuestro –registrado minuto a minuto en las cámaras de seguridad de su casa en Jamundí, en las goteras de Cali– les recordó a los colombianos que ese crimen sigue teniendo plena vigencia en el catálogo de todas las organizaciones delincuenciales.
La familia estuvo en vilo hasta el miércoles en la tarde, cuando la defensora Iris Marín Ortiz confirmó que el pequeño estaba en poder de las autoridades luego de ser liberado en zona rural de Timba, un corregimiento situado entre el Valle y el norte del Cauca. Al día siguiente, familiares del menor fueron blanco de un atentado en el sur de Cali. Fue asesinado Jesús Antonio Cuadros, quien era el primo del padrastro de Lyan, Joshua Suárez, y habría sido ficha clave en la mediación con los disidentes y en el pago de la extorsión que llevó a la libertad al menor.
La hipótesis de un secuestro perpetrado por las disidencias de las Farc para cobrar una supuesta deuda de la mafia, en el que además el objetivo inicial no era el menor sino su padrastro, es la que tiene más fuerza para las autoridades que investigan el caso. En el expediente aparece el nombre de un violento capo, Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, capturado en Venezuela el 3 de junio de 2012 y extraditado a Estados Unidos en agosto de 2013, donde fue condenado a 30 años por una corte federal. ‘Rastrojo’, de acuerdo con fuentes de la Policía y la Fiscalía, estaría reclamando una millonaria deuda y los 4.000 millones que, presuntamente, habrían sido pagados por la familia del niño serían apenas un abono.
Entre enero y abril de 2025, según cifras del Ministerio de Defensa, se han denunciado en el país 131 casos de secuestro: 106 casos corresponden a secuestros extorsivos (la motivación es plenamente económica y, en algunos casos, política), lo que representa un incremento del 108 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 51 casos.
Personero de Cali reveló que pidieron un canje para liberar a Lyan Hortúa. Foto:Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO
Los datos revelan un deterioro significativo en los niveles de seguridad, evidenciado en el aumento sostenido del fenómeno. En el comparativo histórico nacional, el número de secuestros había mostrado una tendencia a la baja desde 2015, alcanzando su punto más bajo en 2020 con 80 casos. En 2021 los secuestros volvieron a subir, hasta los 99 casos. Y a partir de 2022 esta práctica criminal empezó a dispararse: fueron 141 casos. El 2023 cerró con 221 secuestros (la cifra más alta desde el acuerdo de paz), y en el 2024 hubo una ligera reducción: 209. Los 106 casos de los primeros cuatro meses del 2025 (en los que no se incluye el de Lyan) señalan que el año podría cerrar rozando los 300 secuestros extorsivos. Sería la cifra más alta en una década.
El análisis mensual muestra que marzo de 2025 fue particularmente crítico, con 51 casos reportados, frente a 14 en marzo del año anterior. En todos los meses analizados (enero a abril), las cifras de 2025 superan ampliamente las del mismo periodo de 2024.
Uno de los casos más reciente de secuestro extorsivo es el de la expersonera de Tamalameque, Cesar, Yenni Salazar Zabaleta, quien fue raptada por un grupo de hombres fuertemente armados, al parecer, pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional el pasado 21 de febrero, cuando se movilizaba en un vehículo en la vía que comunica a los corregimientos de La Vega y Saloa, jurisdicción del municipio de Chimichagua. Recientemente, la familia Salazar Zabaleta recibió una prueba de supervivencia de Yenni. Solo su madre tuvo acceso al material, donde pudo verla visiblemente más delgada y con signos de agotamiento. Aunque aseguró que estaba bien, su semblante reflejaba la dura realidad de su cautiverio. Los criminales exigen 15.000 millones de pesos por su liberación.
Diego Pérez fue capturado en Venezuela. Desde 2013 se encuentra en una prisión en EE. UU. Foto:Archivo EL TIEMPO
En el Chocó, entre tanto, sigue la zozobra por la suerte de Arnold Alexander Rincón López, director general de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó). El ingeniero agroforestal, de 56 años, fue sorprendido por hombres armados que interceptaron su vehículo en la vía que une a Quibdó con el municipio de Istmina, Chocó, en hechos que sucedieron a las cinco de la tarde del pasado 26 de abril. Regresaba a la capital del departamento tras entregarle a la comunidad un informe de su gestión en esa corporación. Hasta ahora, ninguna autoridad tiene información clara sobre la suerte del ingeniero ni sobre la plena identidad de sus captores.
Las estadísticas muestran una reducción en casos de secuestro simple (aquel que se da sin el propósito de obtener un provecho o utilidad por su libertad). Entre enero y abril de 2025 se han reportado 25 casos, lo que representa una reducción del 38 % en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 40.
Menos rescates
Las cifras del Ministerio de Defensa también muestran un retroceso en la efectividad de las operaciones de rescate. De los 131 casos reportados entre enero y abril de 2025, las operaciones de la Fuerza Pública trajeron de vuelta a 16 personas, cuatro menos que en idéntico periodo del año pasado.
El reencuentro de Lyan Hortúa con su familia. Foto:Redes sociales
Los expertos señalan que la caída histórica del secuestro resultante del acuerdo de paz con las Farc impacta por derecha el número de rescates. Tras un mínimo de 29 casos en 2020: hubo 67 en 2021 y 85 en 2022. Pero la cifra cayó a 69 el año pasado y a 16 en 2025, a pesar de que las cifras de secuestro volvieron a aumentar de manera importante. Este año van 6 casos de liberaciones forzadas por las operaciones de la Fuerza Pública.
Las liberaciones negociadas (con pago) van en aumento. De 56 casos el año pasado se pasó a 99 este año. Los datos del Ministerio de Defensa muestran que el año pasado al menos dos secuestrados murieron en cautiverio. En 2025 ya va un caso.
A corte de abril, en el país había al menos ocho personas secuestradas, mientras que en el mismo lapso del año pasado la cuenta iba en dos. El Eln y las disidencias, a pesar de la ‘paz total’, no han dejado de secuestrar. Y los investigadores reportan un creciente número de casos que corresponderían a ajustes de cuentas entre estructuras del crimen organizado. En varios de ellos, como en el reciente caso en Jamundí, disidencias y ‘elenos’ actúan como oficinas de cobro de otras organizaciones criminales que pagan por sus servicios delictivos.
Ya en 2023, en pleno apogeo de la ‘paz total’, datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) alertaban sobre el subregistro de secuestros en zonas como Arauca, Norte de Santander y el Bajo Cauca antioqueño. Disidencias (36 %), Eln (15 %) y ‘clan del Golfo’ (10 %) aparecían como señalados responsables.
La lupa en cuatro ciudades
Cifras de la Policía, las cuales fueron recopiladas y analizadas por la Fundación Ideas para al Paz (FIP), revelan patrones de cómo ha evolucionado el flagelo del secuestro en el país desde el 2010. Según los datos, Bogotá, Cali, Medellín y Cúcuta son las ciudades con mayor número de secuestros durante este período. En el caso de la capital del país, la cifra se explicaría por la reactivación del ‘paseo millonario’, que es otra modalidad del secuestro extorsivo.
Paseo millonario en Bogotá. Foto:Policía Metropolitana de Bogotá
La participación porcentual de Bogotá respecto al total nacional varió. En 2012 se reportaron 49 secuestros, lo que representó el 16 % del total nacional en ese momento. Fue la cifra más alta para la ciudad en los últimos 15 años. Un año antes, en 2011, se habían reportado apenas 11 secuestros, lo que implicó un aumento del 345 % en solo un año. Este repunte coincidió con un periodo de reconfiguración de las estructuras criminales, tras el auge del paramilitarismo y la expansión de economías ilegales en centros urbanos.
Después de ese pico, las cifras comenzaron a descender progresivamente. En 2015 se registraron 17 secuestros (8 %) y en 2016 aumentaron ligeramente a 25 casos (12 %). Luego vino un periodo de relativa calma: entre 2017 y 2019 los números fueron muy bajos, oscilando entre cuatro y 11 secuestros anuales. Sin embargo, desde 2020 se ha observado una nueva tendencia al alza. Ese año, Bogotá reportó 20 secuestros (12 %), y aunque el número bajó en 2021 (12 casos) y 2022 (15 casos), se mantuvo por encima de las cifras de los años inmediatamente anteriores. Para 2023 y 2024 se registraron 13 casos en cada año, y para 2025 se proyecta un incremento a 14 casos, lo que volvería a ubicar a la ciudad con una participación porcentual nacional del 15 %, el segundo valor más alto desde 2012.
Preocupa ‘paseo millonario’
En la capital del país, durante lo transcurrido del año 2025, se han presentado 14 hechos, evidenciando un incremento en relación con anteriores vigencias. De esos casos, 13 corresponden al ‘paseo millonario’, una modalidad criminal en la que las víctimas son secuestradas al hacer uso de taxis o plataformas de transporte mientras les vacían sus cuentas.
Así lo señaló el mayor David Germán Rodríguez, comandante del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula de la Policía de Bogotá: “El secuestro en la ciudad de Bogotá en los últimos años ha mutado. Para los años 2012 y 2013, estos hechos eran cometidos por grupos armados organizados con el fin de llevar a cabo cobros extorsivos. Sin embargo, las nuevas tecnologías de la información como el uso de aplicaciones han generado la mutación del delito de hurto a modalidades como el ‘paseo millonario’ y el ‘falso servicio’, fenómenos delictivos que hoy son foco de atención para el Gaula de la Policía y la Fiscalía”.
Marcha contra el secuestro. Foto:REDES SOCIALES
Según el oficial, actualmente en la ciudad no hay estructuras delincuenciales dedicadas a la cometer secuestros en los que retengan a las víctimas por largos periodos de tiempo para exigir altas sumas de dinero a cambio de su liberación.
«En lo transcurrido del año han sido capturadas 19 personas por el delito de secuestro; el 100 % han quedado con medida intramural, denotando la efectividad de los procesos investigativos adelantados por esta unidad especializada de la Policía Nacional. Actualmente, no hay personas en condición de cautiverio”, destacó el mayor Rodríguez.
En lo transcurrido del año han sido capturadas 19 personas por el delito de secuestro; el 100 % han quedado con medida intramural, denotando la efectividad de los procesos investigativos».
David RodríguezMayor de la Policía
Medellín y las bandas locales
En la capital de Antioquia, los secuestros han tenido un comportamiento cambiante. En 2016 se registró el pico más alto con 24 casos, lo que representó el 12 % del total nacional, una cifra inusualmente alta para la ciudad en ese periodo. Este repunte coincide con un momento de alta tensión en el control territorial entre bandas locales como la llamada oficina de Envigado y estructuras emergentes tras la fragmentación del crimen organizado.
En los años siguientes hubo un descenso sostenido de casos, hasta el 2023 (18 casos). Y unque en 2025 se han denunciado solo 3, la ciudad sigue figurando entre las de mayor riesgo por las vendettas entre organizaciones del narcotráfico en las que las familias de las víctimas no reportan los casos.
Medellín, Antioquia. Foto:Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Entre los casos denunciados en Antioquia está el del bogotano Andrés Felipe Marín, de 36 años, quien viajó hace dos semanas al municipio de Caldas con la idea de conseguir empleo como conductor de plataforma digital en Medellín. Desde el mediodía del 30 de abril, cuando fue visto por última vez en el parque central de Caldas, no se tiene rastro de su paradero y su familia denuncia llamadas extorsivas que exigen 8 millones de pesos para su liberación.
Andrés Felipe salió de su casa en El Rosal, Cundinamarca, convencido de que en Medellín podría alquilar un vehículo para trabajar en plataformas de transporte. Según el relato de sus familiares, Marín contactó a un hombre a través de Facebook que le ofrecía un carro en arriendo. Fue ese contacto el que terminó por llevarlo al municipio de Caldas el 30 de abril, para concretar la supuesta oferta laboral. La familia de Marín comenzó a recibir llamadas de un grupo desconocido que exigía 8 millones de pesos para liberar al desaparecido.
La denuncia fue interpuesta ante el Gaula de la Policía Nacional, que informaron a este medio que “hay una línea investigativa que se está llevando a cabo” y que mantienen comunicación con las autoridades en Antioquia para recabar pruebas y ampliar el perímetro de rastreo.
Frontera caliente
Cúcuta, en Norte de Santander, vive un fenómeno muy distinto. Como capital fronteriza, ha sido históricamente golpeada por el conflicto armado y la presencia de actores ilegales binacionales. Entre 2016 y 2025, Cúcuta ha registrado un flujo constante de secuestros, con repuntes notables como en 2023, cuando se documentaron 14 casos, y en 2022, con nueve.
Cúcuta, Norte de Santander. Foto:Schneyder Mendoza. AFP.
La participación porcentual de Cúcuta en el total nacional ha oscilado entre el 1 % y el 7 %, pero su importancia radica en el tipo de secuestros: crímenes transfronterizos, algunos perpetrados por grupos como el Eln, el ‘Tren de Aragua’ o disidencias de las Farc que delinquen en la línea limítrofe con Venezuela.
Uno de los casos que más conmoción generó en la región fue el de Silvia Juliana Carvajal Montaño, una estudiante universitaria de 19 años.
El 10 de noviembre de 2023, mientras se desplazaba por la vía entre Cúcuta y Ocaña, fue interceptada por seis hombres armados que la obligaron a descender del vehículo en el que viajaba y se la llevaron con rumbo desconocido. Permaneció 17 días en cautiverio, encadenada, con los ojos vendados y trasladada entre distintas zonas de difícil acceso. Fue liberada en una vereda rural de Sardinata, donde logró pedir ayuda. Su familia habría pagado una alta suma de dinero para asegurar su liberación.
La lupa en Valle del Cauca
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) puso la lupa en Valle del Cauca y realizó un análisis estadístico de las cifras. Con base en ellas, la organización reveló que entre los años 2010 y 2025, los municipios de Cali y Buenaventura encabezaron las estadísticas de secuestros en el departamento del Valle del Cauca, mostrando cifras alarmantes que llaman a la acción inmediata de las autoridades.
Cali, la capital del departamento, registró un total de 206 secuestros en este periodo. Particularmente crítico fue el año 2011, con 27 casos documentados, mientras que el año 2023 mostró un preocupante repunte con 21 casos, luego de una breve disminución en años anteriores.
Buenaventura, puerto estratégico del Pacífico colombiano, acumuló un total de 72 secuestros durante estos años. La crisis alcanzó su punto más alto en 2014, cuando se registraron 10 casos.
Expertos en seguridad coinciden en que los secuestros en zonas urbanas como Bogotá podrían estar vinculados a nuevas modalidades de criminalidad organizada, incluyendo extorsión, disputas entre bandas y delitos con fines económicos. En contraste, en regiones como Arauca o Norte de Santander, donde los casos suelen estar asociados a conflictos armados y actores ilegales tradicionales.
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