Cosa Lisseth del Carmen Barrios Monterrosamujer de 36 años brutalmente atacada por su pareja En Baranoa, Atlántico, lanzó un debate urgente sobre la respuesta institucional a la crisis. violencia de género.
Queja de Diputada de Atlanta Alejandra Moreno Asstwood destaca fallas en todos los eslabones del camino de atención, desde los centros de salud hasta las autoridades responsables de proteger a la víctima y sus dos hijas.
Tres días sin fiscal, falta de medidas urgentes y el agresor aún sin procesamiento resumen un episodio que supone un riesgo inmediato para las organizaciones por la igualdad de género revictimización.
Un ataque que no causó alarma
Lisseth llegó al Hospital Baranoa el 7 de diciembre con heridas graves y sabiendo que era su pareja, Carlos de la Cruz Silvera, quien la había agredido.
Pese al informe, no se ha puesto en marcha ninguna vía de atención a las víctimas de violencia de género. El representante Moreno señala que no se realizaron notificaciones obligatorias a las autoridades y no se implementaron protocolos básicos de protección.
Alejandra Moreno de la Comisión Jurídica para la Igualdad de la Mujer en la Asamblea del Atlántico. Foto:Prensa de la Asamblea Atlántica
Debido a la gravedad de sus heridas, la mujer fue enviada al hospital. Clínica Reina Catalina. Allí, según la denuncia, la epicrisa dejó evidencias de violencia doméstica, pero nadie fue notificado Policía o Fiscalía. Este doble silencio institucional impidió una respuesta temprana a un evento que debió ser catalogado como de riesgo extremo desde un principio.
Un viaje confuso sin decisiones claras
Jefatura de Policía Familiar de Baranoa recién se enteró del caso un día después, gracias a una denuncia de un tercero. Sin embargo, en lugar de obtener una atención clara, los denunciantes terminaron pasando por varias entidades sin obtener respuestas concretas.
Intervinieron parcialmente la llamada Policía Morada y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).pero no pudieron identificar medidas para proteger a la familia.
El retorno simbólico de las mujeres en Buenaventura, Valle del Cauca. Foto:TIEMPO
El MP señala que una de las hijas fue entregada a familiares por parte de madre, mientras que la otra permanece con el presunto agresor, lo que aumenta el riesgo para la menor. “Ninguna entidad asume protección integral de la familia de la víctima. Hay una falta de empatía institucional que se traduce en escenarios de violencia”, advirtió Moreno.
Tres días sin fiscal y un riesgo que aún continúa
Uno de los puntos más controvertidos es el retrasoe tres días para designar un fiscal para el caso. Sin esta indicación, no sería posible emitir una orden de arresto ni continuar con el procesamiento. Según el diputado, este retraso aumenta la vulnerabilidad de Lisseth y deja a las mujeres que denuncian sentirse desprotegidas.
Moreno insiste en que este proceso debe catalogarse como intento de asesinato de una mujer y ser tratado como prioridad por la Fiscalía Seccional Atlántico, especialmente considerando su proximidad a la alcoba de la corte. También alerta sobre la falta de apoyo del ICBF a las niñas que no han recibido atención psicológica ni de seguimiento.
«Los derechos de estos menores no están siendo restituidos. Es urgente que las instituciones actúen con la debida diligencia que un caso así requiere», afirmó.
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