Recientemente, se reportaron enfrentamientos intensos entre disidentes de FARC y ELN en las áreas de Inzá y Páez, situadas al este del departamento del Cauca. Durante estos disturbios, tanto estudiantes como docentes estaban presentes, lo que generó una gran preocupación en la comunidad educativa.
Estos incidentes tuvieron lugar el viernes 25 de abril en los sectores de Ricaurte y Puerto Valencia, donde los residentes expresaron su rechazo ante la violencia que se manifiesta incluso en espacios que deberían ser seguros como las instituciones educativas.
Las peleas se intensificaron en el Cáucum oriental. Foto:Archivo privado
«Estas agrupaciones terroristas, insatisfechas con su accionar, invaden espacios destinados al aprendizaje de los niños, utilizando estos lugares como escenarios para cometer actos violentos», afirmó el comandante de la brigada del 29º Ejército, General Alirio Aponte.
Los enfrentamientos, que se prolongaron por aproximadamente una hora, ocasionaron un cierre preventivo momentáneo de un corredor de tránsito, que conecta la región de Cauca con el departamento del Huila.
Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque la inquietud y el miedo permanecen en el área afectada. El General Aponte confirmó que se están llevando a cabo operaciones conjuntas con la Fuerza Aérea para recuperar el control territorial y asegurar la protección de los ciudadanos.
Las autoridades indígenas, por su parte, han denunciado un nuevo caso de reclutamiento forzado de un menor de edad.
El Consejo Regional Nativo de Cauca (CRIC) condenó un reciente caso de reclutamiento en Tierradentro, en el municipio de Páez, donde la víctima es presumiblemente un menor.
Se registró un caso de reclutamiento de menores. Foto:Juan Carlos Escobar
«La problemática del reclutamiento en las comunidades indígenas del Cauca es extremadamente compleja; hasta la fecha se han reportado 216 casos en 2024, de los cuales 15 corresponden a este año. Además, se han registrado 18 desapariciones relacionadas con reclutamientos y al menos tres ocasiones de amenazas de reclutamiento colectivo en territorios ancestrales», explicó Eduin, coordinador de CRIC.
«Ha sido repetidamente denunciada ante diferentes entidades del Estado colombiano la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección infantil y juvenil, coordinando esfuerzos con las autoridades de las comunidades nativas. Esperamos que el gobierno actúe con la rapidez necesaria para salvaguardar la vida y la integridad de los niños indígenas caucanos.»
A través de un comunicado, la organización indígena expresó que estos hechos «impactan de manera directa la vida, armonía y los derechos fundamentales de los niños y jóvenes».
«Dada esta grave situación y con el objetivo de proteger la dignidad de los menores y prevenir futuros reclutamientos forzados, activaremos y fortaleceremos nuestras estrategias de prevención», se añadió en la declaración.
En las regiones de Páez e Inzá, al menos 47,000 personas han experimentado restricciones a su movilidad debido a la presencia de grupos armados en la zona, según un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
El último informe de OCHA indica que un total de 47,000 habitantes afrocolombianos, indígenas y campesinos en las comunas de Inzá y Páez están sufriendo de limitaciones severas en su movilidad, lo cual agrava demasiado la situación de seguridad alimentaria, el desarrollo comunitario, la autonomía económica y restringe sus prácticas culturales tradicionales. Esta dinámica de control y confrontación por parte de grupos armados no estatales afecta gravemente la educación de los niños y la comunidad en general.
Lo alarmante es que, a pesar de los múltiples casos reportados de reclutamiento, el nivel de respuesta institucional ha sido ineficaz, evidenciando una subdeclaración por parte de las familias y comunidades. Además, existe un gran desafío en la gestión de información relacionada con la falta de denuncia oficial, lo que complica aún más la situación.
Ante estos desafíos, se ha solicitado a las Naciones Unidas que adopten medidas efectivas para prevenir y responder adecuadamente contra el reclutamiento de menores. También se ha solicitado una mayor protección a nivel comunitario.
«Es crucial intensificar la protección integral de la comunidad, implementando estrategias que atiendan las necesidades de seguridad y derechos de los niños, adolescentes y líderes sociales, promoviendo además el acceso a información y servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva, así como la igualdad de género y la prevención de violencia», concluyó el informe de OCHA.
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