Constructores de edificios residenciales en el Huila señalan que vivienda de interés social (VIS), por ley, se define como vivienda cuyo precio sea 135 del salario mínimo legal mensual vigente. «No se puede culpar a los edificios de las consecuencias del aumento desproporcionado de los salarios determinado por el Gobierno.
@cate_manchola
Crece la preocupación por el aumento de los precios de las viviendas de interés social (VIS) y de las viviendas de interés prioritario, tras el aumento del salario mínimo legal del 23 por ciento vigente para el actual año 2026. Al armonizar los salarios, se queda en 1.750.905 dólares, y el precio de los inmuebles también aumenta porque está determinado por ley precisamente en salarios mínimos. Además, las empresas constructoras advierten de un aumento de los costes laborales.
Según el empresario Aníbal Rodríguez, «una zona residencial de interés social, según la ley, se define como un objeto residencial cuyo precio es de 135 cmlv. Esto está contenido en la ley del plan nacional de desarrollo aprobado por este Gobierno. En algunos casos el VIS sube hasta 150 o incluso 175 cmlv. Esto significa que el precio superior en pesos no puede ajustarse al valor mínimo de construcción de acuerdo con el valor anual anual». como el que determine el Gobierno», dijo a LA NACIÓN.
Depende del escenario
Y apuntó: “No se trata de que el precio de las casas se ajuste automáticamente. Depende de la etapa en la que se encuentra cada proyecto y de las particularidades en las que se firma cada contrato con el comprador”, puntualizó el presidente de Camacol Huila.
Por su parte, para el empresario Ricardo León Aguilera, aumentar el salario mínimo en un 23% es una decisión que «mejora los ingresos de los trabajadores y tiene un claro sentido social. Nadie discute ese objetivo», afirmó. «El verdadero debate es cómo un sector clave como el de la vivienda, que crea empleo formal y proporciona acceso a la vivienda en propiedad, absorbe este impacto», subrayó.
Según el empresario, la construcción requiere mucha mano de obra y el salario mínimo afecta no sólo a los salarios, sino también a toda la cadena de costes. «En los proyectos nuevos, esto nos obliga a revisar presupuestos y precios. Pero en los proyectos ya en marcha y vendidos, el escenario es más complejo: no se pueden subir los precios, mientras que los costes aumentan. En esos casos, el impacto lo soporta directamente el constructor».
Aunque «este esfuerzo rara vez se ve», tiene un efecto claro: «el comprador obtiene una casa cuyo costo de construcción es hoy más alto, pero al precio originalmente acordado. El cliente obtiene el valor patrimonial, y el constructor cumple y absorbe el mayor costo. Por lo tanto, en lugar de criticar el aumento del salario mínimo, el llamado es a proteger la sostenibilidad del proyecto, con control de sostenibilidad y sin reglas claras de estabilidad financiera. Los proyectos se detienen, la oferta de viviendas se reduce y, en última instancia, el empleo se ve afectado».
Por lo tanto, para un empresario, «un salario digno es un objetivo necesario. Pero para que sea sostenible debe ir acompañado de condiciones que permitan continuar con la construcción de viviendas. Porque sin constructores sostenibles no hay casas, no hay empleo y no hay ciudad».
La alcaldía estudia el aumento
Marwin Victoria, secretario de Vivienda y Hábitat, también analizó las repercusiones de este histórico aumento del salario mínimo. Coincidió con los empresarios en que los límites superiores de precios están definidos por estándares nacionales y expresados en salarios mínimos, “por lo que no son decisión del municipio. Sin embargo, desde la alcaldía de Neiva no llevamos nuestros proyectos al techo máximo permitido”, dijo.
El funcionario explicó que hoy Neiva tiene una situación completamente distinta a la que vive el país en general. Hay más de 900 viviendas VIS y VIP en construcción o en fase inmediata de construcción, distribuidas en 6 proyectos, «algo que hace muchos años que no ocurre en la vivienda pública de la ciudad», ha apuntado.
Estos proyectos se desarrollan en alianza con el Gobierno del Huila y, en casos como Bosques de La Rebeca y grupo C de Bosques de San Luis, también con el Ministerio de Vivienda, aplicando esquemas de subsidio simultáneos que involucran al municipio, departamento, nación y fondos de compensación familiar. Además, en varios proyectos, la parcela se cede mediante subvención pública, lo que reduce significativamente el valor final de la vivienda para las familias.
Por ello, ante la subida del mínimo y su impacto en el precio de estos inmuebles, esperan reunirse esta semana con los constructores asociados, el objetivo es «definir ajustes responsables en base a estudios técnicos, priorizando siempre el cierre financiero de las viviendas». Sin embargo, «algunos aumentos ya han sido previstos a partir de la estructuración de proyectos y han sido comunicados a los clientes de forma inmediata, independientemente de este ajuste nacional».
“El municipio de Neiva tiene la situación bajo control. Los trabajos continúan, habrá entrega de departamentos durante el 2026 y estamos trabajando para que el contexto nacional no se convierta en barreras de acceso, sino en más oportunidades”, anunció.
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