El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Paduí, realizó una grave advertencia durante el reciente Congreso Nacional de Municipios, celebrado en Cartagen. A partir del 30 de junio, los líderes territoriales se verán obligados a asumir una carga financiera considerable, lo cual, según el funcionario, es una medida desbalanceada y perjudicial.
Esta situación es fruto de una decisión judicial que ha alcanzado el estatus de ley, mediante la cual se determina que los gobernadores y alcaldes son responsables de financiar la alimentación de las personas privadas de libertad en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía.
«Nos están obligando a elegir entre alimentar a las personas privadas de libertad o garantizar la comida escolar para nuestros hijos», expresó Arana con una voz firme y decidida. «Si bien entendemos el aspecto humanitario de esta cuestión, no puede ser una responsabilidad que recaiga sobre las entidades territoriales», añadió, visiblemente molesto.
Esta normativa surge de una decisión del Tribunal Constitucional en 2022, que fue transformada a través de una ley por el Congreso, la cual transfiere a las entidades territoriales la responsabilidad de garantizar condiciones dignas para los detenidos en los centros de detención, en respuesta a la creciente sobrepoblación y múltiples quejas sobre las violaciones de derechos humanos.
Yamil Arana, gobernador de Bolívar. Foto:Juan David Camacho. Tiempo
Sin embargo, muchos líderes locales consideran que la transferencia de estas responsabilidades, sin la correspondiente asignación de recursos, representa un impacto directo y severo a sus finanzas. En Bolívar, hay aproximadamente 3.000 personas detenidas en las comisarías y estaciones de URI, lo que implicaría un costo millonario para el presupuesto departamental, ya de por sí limitado, que ya enfrenta dificultades para cubrir áreas sensibles como salud, educación y condiciones básicas de saneamiento.
Arana Paduí también denunció que este compromiso implica una violación a la autonomía fiscal. «Es injusto que el Tribunal, al que respetamos profundamente, autorice una medida sin tener en cuenta la realidad presupuestaria de los departamentos», enfatizó. «Nos están imponiendo una carga que no podemos asumir. Nuestros ingresos son escasos y cada vez más regresivos, y ahora corremos el riesgo de sacrificar programas sociales esenciales», agregó.
Asimismo, el gobernador cuestionó el silencio del gobierno central en cuanto al financiamiento adecuado para enfrentar esta situación. «Lo mínimo que se podría exigir es una evaluación del impacto fiscal. La carga no se puede imponer desde el centro del país sin considerar la capacidad real de las regiones», manifestó.
Es importante mencionar que el gobernador de Bolívar no se encuentra solo en esta lucha. En semanas recientes, diversos líderes regionales han alzado la voz para advertir que esta decisión podría comprometer el desarrollo sostenible de los planes de desarrollo. Algunos han solicitado la suspensión de esta medida hasta que se aseguren los recursos adecuados.
Detenido en Cartagen. Foto:Vanessa Romero, Tiempo
La controversia planteada en la mesa de discusión se centra en un dilema fundamental: ¿Quién realmente debería financiar el sistema penitenciario y carcelario, especialmente en las zonas más vulnerables? Para los gobernadores, la respuesta es clara: esa responsabilidad ha sido históricamente del gobierno nacional, y así debería continuar.
A medida que se acerca la fecha límite del 30 de junio, el debate permanece abierto, y las entidades territoriales hacen un llamado urgente a un diálogo con el ejecutivo y el Congreso para revisar los alcances de esta medida. De lo contrario, advierten, «serán los niños, jóvenes y grupos más vulnerables quienes pagarán el precio de una decisión tomada sin el respaldo presupuestario adecuado».
Además, lo invitamos a ver nuestro documento «Abuso sexual en Cartagen: Voces de Silencio»
Documento del periodista Jineth Bedoy. Foto:
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