La oficina del alcalde de Riohach ha confirmado que el alcalde Genaro Redondo Chles está cumpliendo un arresto de 10 días, como resultado de una decisión emitida por el tercer tribunal penal local. Este arresto está relacionado con un presunto caso de desacato a una orden judicial sobre una propiedad que ha sido ocupada por más de 450 familias vulnerables, principalmente de la comunidad Wayú, durante un periodo de nueve años.
De acuerdo con la declaración oficial proporcionada por la oficina del alcalde de Riohach, el caso tiene su origen en una acción judicial presentada en el año 2018 por Manuel Rodríguez Mindiola, el propietario legítimo de la tierra. Mindiola solicitó la restitución de su propiedad ubicada en la calle 40, justo detrás del sector Almagrario, donde las familias han estado viviendo.
Genaro Redondo Chles, alcalde de Riohach Foto:Cortesía
En declaraciones recientes, la oficina del alcalde destacó que el presidente está actuando en base a la ley, reafirmando su compromiso con los ciudadanos y asegurando la aplicación de las leyes para la población vulnerable que reside en el territorio So-Sumuin Wayuu. También se señaló un respeto fundamental por la propiedad privada, enfatizando la búsqueda de una solución equitativa que no perjudiques a ninguna de las partes involucradas. La sanción impuesta no fue producto de una falta de conocimiento o de un intento de obstaculizar la justicia.
El alcalde Genaro Redondo subrayó su responsabilidad constitucional de garantizar la protección de los derechos básicos de estas 450 familias, entre las que se encuentran menores de edad, ancianos, mujeres embarazadas, y miembros de la comunidad étnica Wayú, trabajando con una perspectiva social y profundamente humana, logrando establecer diálogo con las entidades pertinentes.
El juez del Tribunal Penal de Tercera Ciudad emitió un fallo el 18 de marzo de 2025, declarando violación de la orden judicial de atención que fue emitida el 6 de mayo de 2024. Este fallo fue ratificado por el Cuarto Tribunal Penal del Circuito, demandando también la entrega de la propiedad al propietario original, ya que los ocupantes no lograron demostrar su derecho a permanecer en la localidad.
“Desde el inicio del mandato, el alcalde Genaro Redondo ha estado buscando un arreglo viable y digno para estas familias. Se han explorado todas las alternativas posibles, pero hoy enfrentamos la obligación de actuar conforme a la ley”, explicó Wilson Rojas Vanegas, secretario del gobierno del distrito de Riohach.
Rojas extendió el comentario, mencionando que desde el comienzo de la administración de Redondo, el problema ha crecido considerablemente.
Genaro Redondo Chles, alcalde de Riohach Foto:Cortesía
Al inicio en 2018, solo eran entre 8 o 10 familias las que ocupaban el terreno. Ahora, esa cifra ha crecido a más de 450. Hemos tenido un año y cuatro meses en este gobierno, y el alcalde ha intentado en repetidas ocasiones establecer un diálogo con los residentes, pero no lo han permitido.
Wilson Rojas VanegasSecretario del distrito de Riohach
El funcionario rinde cuenta de que las administraciones anteriores dejaron un vacío, ya que, según él, «habría sido más sencillo mover a unas diez familias en esa etapa temprana». Agregó que tras una verificación se determinó que este grupo no constituye una comunidad indígena Wayú y que dicho terreno no es ancestral, sino que pertenece formalmente a un propietario privado.
Sin embargo, a pesar de los intentos del alcalde de Riohach para salvaguardar la dignidad de las más de 450 familias y asegurar el respeto por la propiedad privada, se hace necesario acatar la decisión judicial que ordena su desalojo, lo que está programado para el miércoles 7 de mayo.
“El alcalde ha sido la parte humana en esta situación: niños, jóvenes, ancianos…”, expresó Rojas, reflejando el dolor de la administración.
El secretario reiteró que la administración ha cumplido con el respeto a la propiedad privada, sin desestimar la grave crisis humanitaria de las personas que actualmente viven allí.
“No hay decisión más dolorosa en la administración pública que la de ordenar un desalojo. El alcalde hizo todo lo posible por evitarlo, pero no hemos contado con tierras ni recursos para reubicación. A pesar de las intenciones, fue imposible encontrar una solución viable.”
Departamento de Policía de Guajira Foto:Cortesía
“Esta no es una captura, es una responsabilidad asumida”
El secretario del gobierno aclaró que la medida tomada en contra del alcalde Redondo no corresponde a un arresto penal convencional, sino más bien a una acción civil por desobedecer una decisión judicial, que se está ejecutando en las instalaciones de la policía de Guajira.
Mientras tanto, el secretario de infraestructura y servicios públicos, Jaime Bruges, ha sido designado para asumir las funciones de la oficina durante el periodo que el alcalde Redondo este cumpliendo su sanción.