El fiscal general de la nación, en un giro alarmante de los acontecimientos, realizó una confesión en relación al ex gobernador de Sucre, Édgar Enrique Martínez Romero. Esto se debe a presuntas irregularidades que surgieron en el contexto del Plan de Alimentos de la Escuela (PAE), el cual experimentó un incremento considerable en su presupuesto inicial, que pasó de 18,983 millones de pesos a un total impactante de 27,387 millones de pesos.
Se ha indicado que Martínez Romero autorizó este proyecto sin llevar a cabo una planificación adecuada del proceso. Desde sus inicios, el programa presentado ha mostrado inconsistencias evidentes. La situación ha llevado a que se cuestione el costo del programa de alimentos destinado a estudiantes en un total de 25 municipios de la región, que, según la fiscalía, ha sido excesivamente alto.
¿Qué se había establecido en el Acuerdo con el PAE?
El contrato correspondiente a este PAE se firmó el 5 de junio de 2017. Su objetivo era proporcionar suplementos alimenticios para los niños que están inscritos en las escuelas oficiales de succión. Sin embargo, la oficina del fiscal ha declarado que este proceso se desarrolló sin realizar investigaciones serias previamente y con unas especificaciones que favorecieron ofertas que no cumplían con los requisitos mínimos.
La oficina del fiscal acusó al ex gobernador por cometer el delito de celebrar un contrato sin cumplir con los requisitos legales. Foto:Gobernación
Es relevante señalar que estas fallas no fueron subsanadas antes de proceder a la firma del contrato, lo que redundó en una prolongación del periodo de rendimiento del servicio, que pasó de 104 a 146 días. Esto, a su vez, incrementó los costos relacionados con la administración, el personal de apoyo y los procesos de auditoría. La acusación que pesa sobre el ex gobernador establece que el presupuesto se incrementó desde 18,983 millones a 27,387 millones de pesos.
Además, es importante destacar que el contrato fue liquidado en marzo de 2018 sin contar con las firmas del supervisor designado ni del gobernador en funciones en ese momento. Esto, según el 11° delegado del fiscal ante la Corte Suprema, demuestra una falta de rigor en el monitoreo y culminación del proceso.
Debido a todas estas circunstancias, la oficina del fiscal ha acusado a Martínez Romero de un delito denominado «Acuerdo sin cumplir con los requisitos legales». Esto, en términos prácticos, implica una omisión de pasos esenciales que deberían haber garantizado la transparencia en el uso de los recursos públicos.
El valor inicial del contrato se fijó en 18,983 millones de pesos. Foto:Archivo/tiempo
Martínez Romero contaba con un registro disciplinario
No es la primera vez que el ex gobernador se ve envuelto en controversias por cuestiones de contratación pública. En mayo de 2024, la oficina del fiscal general sancionó a Martínez Romero, imponiéndole una suspensión de nueve meses debido a irregularidades detectadas durante su gestión en la consultoría para estudios y proyectos relacionados con comedores escolares y sanitarios.
En esta ocasión, se determinó que las especificaciones técnicas del proceso se redactaron de tal manera que limitaban la participación de diversas partes interesadas, exigiendo experiencia exclusiva con entidades públicas e instituciones educativas, lo que es considerado una táctica para restringir la competencia.
Además, cabe mencionar que el entonces secretario de infraestructura, Antonio Carlos Peralta Sánchez, también fue sancionado con una suspensión de ocho meses a causa de las deficiencias en los estudios previos que sirvieron de base para el CM-004-2019 Concurso de mérito.
A pesar de estas sanciones, ambas disciplinarias se unificaron en los salarios calculados. Martínez Romero dejó de desempeñar sus funciones y la suspensión resultó inviable. Actualmente, la oficina del fiscal general enfrenta una serie de recursos de apelación que han sido presentados ante la Cámara Disciplinaria de Elecciones Públicas.
El contrato se liquidó en marzo de 2018 sin las firmas del supervisor y del gobernador pertinente. Foto:Ayuntamiento
Los siguientes pasos en el proceso judicial
Con la presentación de las cargas, la Corte Suprema deberá decidir si procede al enjuiciamiento y si se abre un juicio formal contra Martínez Romero. En caso de que se decida seguir adelante, el ex gobernador tendrá la oportunidad de presentar pruebas y defender su posición ante la Corte Suprema.
Hasta el momento, no existe información pública acerca de declaraciones de defensa o solicitudes de versiones libres. De hecho, las medidas precautorias no están registradas ante las entidades de control pertinentes.
La investigación llevada a cabo por la fiscalía se centra en determinar si existía una intención dolosa o si se trató de una mera negligencia en el manejo del PAE. La acusación sostiene que una serie de omisiones y la falta de control constituyen una clara violación de los procedimientos que regulan la utilización de fondos destinados a la alimentación de los niños en las escuelas.
Finalmente, la Corte Suprema tendrá la última palabra sobre un posible juicio y las sanciones que podrían recaer sobre Martínez Romero, en función de la demostración de su responsabilidad.
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Foto:Tiempo
Danna Valeria Figueroa Rueda
Escuela de periodismo multimedia