El fenómeno de la violencia en las prisiones colombianas ha salido a la luz nuevamente con el reciente ataque a la prisión de Villahermos, que es conocida por mantener un nivel de seguridad medio para los hombres. Este incidente ocurrió en la mañana del 22 de abril y pone de manifiesto la crítica situación que enfrenta el sistema penitenciario del país.
Fachada de la prisión de Villahermos. Foto:Juan Pablo Rueda / El TIempo
En una carta enviada a las autoridades, específicamente al director regional del Instituto Nacional de Kenitaria y Prisión de Occidente (INPEC), Guillermo Andrés González, la directora de la prisión, Maria Loren Serrano, informó sobre el ataque. En su comunicación, mencionó que a las 11:50 de esa mañana, se registraron al menos dos detonaciones en la parte interna del penal, más precisamente en el camino 25 del sector Eron.
La carta detalla que, tras el ataque, se activó inmediatamente un protocolo de alarma que permitió recuperar dos armas calibre 9 milímetros y una pistola. Estas se entregaron a las autoridades para iniciar la investigación correspondiente, y se implementaron medidas de seguridad adicionales en la instalación. Además, la directora afirmó que se estaban llevando a cabo revisiones en las celdas para identificar a los posibles responsables del ataque, y se mantuvo informada a la Policía Nacional sobre la situación.
A pesar de la gravedad del incidente, la directora señaló que «ni los funcionarios ni la infraestructura sufrieron daños» a raíz del fuego cruzado. La activación del plan de defensa incluyó el refuerzo de la seguridad en las garitas, y se solicitó apoyo adicional a las fuerzas policiales para garantizar el control en la instalación.
Es preocupante resaltar que la seguridad de la prisión se vio comprometida, dado que las cámaras de seguridad no estaban funcionando al momento del ataque, lo que ha llevado a las autoridades a investigar las circunstancias que rodean este hecho y la posible falta de mantenimiento en los equipos de vigilancia.
Uno de los disparos en la fachada de Villahermos, en el próximo ataque. Foto:Juan Pablo Rueda / El TIempo
Otros ataques
Es importante señalar que el ataque del 22 de abril no es un caso aislado. La prisión de Villahermos ha sido blanco de ataques en varias ocasiones. Hace apenas tres semanas, dos individuos dispararon contra la instalación desde una motocicleta, causando daños a la entrada del penal. Durante ese tiroteo, lograron capturar a uno de los autores gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad que, sin embargo, no pudieron ser útiles esta vez. El atacante logró escapar, aumentando la preocupación por la seguridad en la prisión.
El director de la prisión está convencido de que estos ataques son represalias por las medidas de seguridad más estrictas que se han implementado recientemente, así como por las incautaciones que se han hecho para minimizar la entrada de contrabando en el penal. De hecho, según él, ha recibido amenazas de muerte, algo que también le ocurrió a su predecesor, llevándolo a cambiar de prisión por motivos de seguridad. A pesar de las amenazas, el director ha expresado que cuenta con el respaldo de INPEC y ha tomado precauciones adicionales para proteger tanto su vida como la de los funcionarios del penal.
Durante este mes, INPEC ha registrado una sorprendente incautación de 250 teléfonos móviles, 125 armas y 450 litros de bebidas alcohólicas en 12 pabellones de seguridad en el país, aunque Villahermos no estaba en esta lista. La situación de los contrabandos y la ventanilla de ayuda democrática es un tema recurrente que, desafortunadamente, no se detiene.
Patio 3 en la prisión de Villahermosa. Foto:Juan Pablo Rueda / El TIempo
Superpoblación
La situación en Villahermos es alarmante, ya que las instalaciones están superpobladas, lo que lleva a un estado crítico en la gestión penitenciaria. No hay suficiente espacio para albergar a los reclusos, muchos de los cuales se encuentran desbordados en estaciones policiales, donde la cifra supera los 2,000 prisioneros, algo insostenible y alarmante para cualquier sistema de justicia.
El director de la prisión ha expresado su preocupación, recordando la promesa que se hizo en 2018 sobre la construcción de tres nuevos pabellones con los recursos del Ministerio del Interior, el Gobierno del Valle y la oficina del Alcalde de Cali, promesas que lamentablemente no se han cumplido.
Las celdas están tan abarrotadas que en algunas de ellas se alojan más de dos prisioneros, lo que provoca un ambiente insalubre y de peligro, donde los problemas de ventilación, olores y el calor son constantes. La escasez de ventiladores hace que la situación resulte aún más insoportable para aquellos que se encuentran privados de su libertad.
La superpoblación es un problema generalizado en el sistema carcelario; en los once patios de la prisión, el promedio de la población carcelaria no debería exceder las 90 personas, pero en la actualidad, algunos patios reportan números alarmantes, como 215 en el patio 1 y 618 en el patio 2, mucho más de lo recomendado.
La situación es insostenible y preocupa a los funcionarios del Ministerio de Seguridad, que intentan garantizar los derechos básicos de los prisioneros en medio de estas amenazas a su bienestar.
También se ha reiterado que no han habido avances significativos desde 2018 hacia la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias, un plan que se había estimado en un área de 25,000 metros cuadrados, con una inversión que en su momento habría ascendido a casi $50,000. Esta situación de estancamiento agrava aún más las condiciones de vida de los reclusos y hace evidente que la implementación de soluciones supera la voluntad y acción de las autoridades. Las promesas históricas de construir nuevas instalaciones penitenciarias, así como mejorar los existentes, se han quedado en nada y los reclusos continúan enfrentando una dura realidad.
En definitiva, la situación en Villahermos es un claro reflejo del colapso del sistema penitenciario en Colombia, donde el desbordamiento y la inseguridad han llegado a niveles preocupantes. Es imperante que las autoridades tomen cartas en el asunto y trabajen en soluciones efectivas para mejorar las condiciones de los reclusos y garantizar su seguridad, así como la de los funcionaros que allí laboran. La exigencia de justicia debe estar acompañada de condiciones dignas, más allá de los muros de la prisión.
Carolina Bohorquez y Juan Pablo Raeda
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