Los cambios implementados en el programa ‘Mi Casa’ desde el inicio de este nuevo gobierno han generado repercusiones significativas que afectan directamente a miles de hogares en Colombia.
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Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), alertó sobre un problema grave que ha repercutido en más de 70,000 hogares en el país. Este problema es consecuencia de los subsidios que han sido suspendidos dentro del programa ‘Mi Casa’, lo que ha provocado una drástica disminución en la edificación de nuevas viviendas y un aumento en la retirada del sector.
“Los errores en las políticas de vivienda que ha impuesto el gobierno solamente han llevado a más afectaciones. Las casas que antes estaban en proceso de compra hoy ven frustrado su sueño de ser propietarios”, subrayó Herrera, haciendo un llamado urgente sobre la situación.
“Las ventas de viviendas han comenzado a estabilizarse en niveles muy bajos. Durante el primer trimestre de este año, se experimentó una ligera disminución, con alrededor de 34,000 viviendas colocadas. Esta cifra es muy parecida a la del mismo periodo del año anterior, pero está muy por debajo de las 70,000 que se vendieron en el primer trimestre de 2022”, explicó Herrera.
El líder del sector indicó que en el año pasado se lograron estabilizar las ventas de propiedades en aproximadamente 150,000 unidades, una cifra comparable con la que se reportó en 2012. Este retroceso representa una caída alarmante que refleja más de una década de progreso en la política residencial en Colombia, y pone en riesgo el acceso a la vivienda digna para muchos colombianos.
Es importante señalar que el programa ‘Mi Casa’ se diseñó inicialmente como una estrategia para facilitar el acceso a viviendas a la población de escasos recursos a través de subsidios tanto en la cuota inicial como en las tasas de interés. Este programa prioriza las Viviendas de Interés Prioritario (VIP), asegurando condiciones más accesibles para aquellos que luchen por tener un hogar. Sin embargo, los recientes cambios en las políticas gubernamentales amenazan con desmantelar este crucial apoyo que ha beneficiado a tantas familias en el país.
A medida que el tiempo avanza, se hace cada vez más urgente que las autoridades revisen y adapten las políticas de vivienda. Es vital que se reanuden los subsidios necesarios para que familias vulnerables puedan seguir aspirando a un futuro donde la estabilidad habitacional no sea solo un sueño, sino una realidad tangible. La vivienda es un derecho fundamental y su acceso debería ser una prioridad en la agenda gubernamental.
