Los autobuses incendiados en por lo menos 11 estados recorrieron el mundo como postal del “caos mexicano”. Pero detrás de la espectacularización mediática se encuentra una política de seguridad subordinada al imperialismo estadounidense y una guerra que, lejos de combatir el narcotráfico, ha reforzado la militarización y la dependencia.
Lunes 23 de febrero. Las imágenes circularon en todo el mundo: autobuses en llamas, carreteras bloqueadas, columnas de humo y personas huyendo despavoridas del peligro en aeropuertos y mercados. La ola de violencia que se extendió rápidamente a por lo menos once estados del país, con narcobloqueos, incendios de vehículos, quema de autobuses y ataques contra infraestructura pública y vías de comunicación. Estados como Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Colima, Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero, Aguascalientes y Oaxaca reportaron interrupciones, bloqueos carreteros y acciones violentas. La escena siguió al operativo federal que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Estas reacciones no sólo fueron consignas del crimen organizado: paralizaron rutas de transporte, obligaron a cancelar corridas de autobuses desde la Ciudad de México hacia el occidente y llevaron a que varias aerolíneas suspendieran vuelos a destinos turísticos como Puerto Vallarta.
Gran parte de la prensa internacional reprodujo el encuadre habitual: México como territorio ingobernable dominado por cárteles todopoderosos. Ese relato funcional al imperialismo oculta que la actual política de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum forma parte de una arquitectura hemisférica impulsada por Washington bajo la bandera de la “guerra contra las drogas”.
La guerra contra las drogas como dispositivo de dominación regional
Desde 2006, México adoptó formalmente una estrategia de guerra interna alineada con los lineamientos de Estados Unidos. La llamada estrategia “Kingpin” —centrada en capturar o eliminar líderes de organizaciones criminales— fue diseñada en coordinación con agencias estadounidenses y aplicada por gobiernos del PRI, el PAN y —pese a su retórica nacionalista— también por Morena.
Lejos de fortalecer la soberanía, esta estrategia consolidó mecanismos de injerencia: intercambio de inteligencia, presencia operativa de agencias como la DEA, condicionamientos diplomáticos y una integración securitaria cada vez mayor bajo marcos comerciales como el T-MEC.
El resultado no ha sido la derrota del narcotráfico, sino su reconfiguración violenta. La fragmentación de organizaciones produjo disputas más sangrientas por el control territorial. Mientras tanto, el capital financiero internacional —incluidos bancos que operan entre México y Estados Unidos— continúa absorbiendo y blanqueando miles de millones de dólares provenientes de economías ilícitas.
La “guerra contra el narco” funciona así como un dispositivo de control social y disciplinamiento regional, que justifica la expansión militar, la vigilancia y la subordinación política en nombre de la seguridad.
Pero esta dinámica no puede separarse del nuevo ciclo extractivista que comienza a perfilarse en México y América Latina. En los últimos meses se han anunciado y negociado acuerdos estratégicos sobre minerales críticos —litio, cobre, tierras raras— en el marco de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. México aparece como pieza clave en la cadena de suministro norteamericana, especialmente bajo el T-MEC y las nuevas políticas industriales de Washington.
En varias regiones del país, la expansión de proyectos mineros, energéticos y de infraestructura convive con la presencia de grupos del crimen organizado que controlan territorios, cobran “derecho de piso”, gestionan mano de obra precarizada o incluso participan directamente en economías extractivas legales e ilegales. La relación entre minería, despojo territorial y estructuras criminales ha sido documentada en estados como Michoacán, Guerrero o Zacatecas.
Así, la militarización no sólo responde al combate retórico contra las drogas, sino también a la necesidad de garantizar corredores logísticos, megaproyectos y zonas de explotación minera estratégicas para el capital transnacional. El ciclo de violencia y el ciclo extractivo no son fenómenos separados: forman parte de una misma reconfiguración dependiente del territorio.
Militarización permanente y clase trabajadora
Desde hace ya veinte años, para la clase trabajadora de algunos estados, principalmente los de la frontera norte, la militarización ha significado la normalización de retenes, patrullajes permanentes y una ampliación constante del poder de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, al mismo tiempo que conviven con tiroteos y patrullajes de las células de los cárteles que se disputan entre ellos “la plaza” y combaten a las fuerzas del Estado. En los estados y zonas donde se despliega la Guardia Nacional, integrada estructuralmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena, es decir, el ejército mexicano), se establece un régimen de “excepcionalidad” donde los derechos democráticos quedan subordinados a la lógica castrense.
México acumula más de 300,000 homicidios y decenas de miles de personas desaparecidas desde el inicio de la guerra contra el narco en 2007. Las víctimas pertenecen abrumadoramente a sectores populares, mientras las estructuras empresariales y financieras que sostienen el negocio permanecen intocadas, así como los políticos patronales asociados con los grupos del crimen organizado.
Los bloqueos e incendios tras el operativo no son prueba de un “Estado ausente”, como repiten los analistas liberales. Son la evidencia de las consecuencias de una profunda militarización (exigida e impuesta por el imperialismo) que ha descompuesto regiones enteras, combinando economías ilegales, precarización laboral extrema y presencia militar.
Mundial 2026: espectáculo global y violencia estructural
Jalisco será sede del Mundial de Fútbol 2026, organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá. El Estadio Akron de Guadalajara recibirá partidos en un evento que busca proyectar estabilidad, modernidad y capacidad organizativa.
Pero la vitrina global convive con una realidad brutal: hace semanas se reportó el hallazgo de una fosa clandestina en las inmediaciones del estadio. La coexistencia entre la infraestructura del espectáculo deportivo y territorios marcados por desapariciones masivas expone las contradicciones de un modelo que prioriza negocios globales mientras normaliza la violencia estructural.
En este sentido, la espectacularización internacional de los autobuses incendiados cumple una función política: refuerza estereotipos sobre México y legitima nuevas rondas de cooperación militar y de inteligencia bajo liderazgo estadounidense, en un momento de ofensiva imperial más amplia en América Latina, y donde Donald Trump ha amenazado de manera recurrente con intervenir en México.
Contra la narrativa imperial: una perspectiva internacionalista
Reducir la situación mexicana a una lucha entre “Estado versus cárteles” oculta que la política de seguridad es inseparable de la dependencia estructural del país frente al imperialismo. La integración económica bajo el T-MEC y la cooperación securitaria forman parte de un mismo engranaje que subordina la política interior mexicana a los intereses estratégicos de Washington.
Desde una perspectiva socialista e internacionalista, la salida no pasa por más militarización ni por mayor tutela imperial. La experiencia demuestra que “la guerra contra las drogas” mientras no toca sustancialmente los negocios del narcotráfico, ha sido la vía para impulsar la militarización contra los pueblos de América Latina, fortaleciendo aparatos represivos y debilitando derechos democráticos.
Frente a ello, es necesaria la construcción de una alternativa independiente de los partidos patronales, basada en la organización de la clase trabajadora, la coordinación internacional y la lucha contra el imperialismo y el capital financiero que sostiene tanto la economía legal como la ilegal.
Sólo una perspectiva emancipadora, que cuestione la dependencia estructural y apunte a una transformación socialista de la región, puede enfrentar las raíces económicas y políticas de esta ofensiva militarizadora permanente.
Jalisco. Caída de “El Mencho” en México: triunfalismo oficial y subordinación a la agenda de seguridad de EE. UU.
La noticia de la caída de “El Mencho” ha sido presentada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum como un golpe histórico a la criminalidad. Sin embargo, detrás del discurso oficial asoma la vieja receta de militarización extrema y subordinación servil a la agenda de seguridad de los Estados Unidos.
Lunes 23 de febrero . En un operativo que paralizó la región de Tapalpa, Jalisco, el Gobierno Federal mexicano confirmó el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La noticia ha sido presentada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum como un golpe histórico a la criminalidad. Sin embargo, tras los reflectores y el discurso oficial, se asoma la misma vieja receta: militarización extrema y una subordinación servil a la agenda de seguridad de los Estados Unidos.
La estrategia del “Kingpin”, el reciclaje infinito de la violencia
Lejos de la “autonomía” que pregona el Gobierno de Sheinbaum, este operativo confirma que las agencias de seguridad de Estados Unidos —como la DEA— mantiene injerencia directa en territorio mexicano, dictando objetivos y tiempos. La captura o muerte de capos específicos es una pieza de la Estrategia Kingpin, diseñada en Washington, que el gobierno de Sheinbaum acepta y aplica dócilmente en continuidad con los gobiernos del PRI y el PAN que inauguraron la “guerra contra el narco” en 2006. Esto se articula con las amenazas de Trump de intervenir en México para “luchar contra los cárteles”.
Históricamente, la militarización impulsada por la llamada “guerra contra el narco” fragmentó organizaciones criminales, multiplicó actores armados y normalizó la presencia del ejército en tareas de seguridad pública. El CJNG no es una banda aislada y seguramente su rápida expansión en los años previos se basa en sus negocios y vínculos profundos con sectores del estado: se ha reportado que tiene presencia en casi todo el país y hay periodistas que sostienen que tiene “conexiones” en más de 100 naciones. Cortar la cabeza —una acción claramente impulsada por las exigencias de la Casa Blanca— no mata al cuerpo cuando el cuerpo está alimentado por los flujos financieros del capitalismo legal y asociado por múltiples vías a militares, banqueros y políticos patronales. Lo que sigue es la “metástasis”: una guerra interna por el control de la estructura que terminarán pagando las mayorías trabajadoras, atrapadas entre las balas de los sicarios y los retenes militares.
La militarización: una guerra contra el pueblo, no contra el narco
Mientras el gobierno celebra, el pueblo de Jalisco —así como el de Michoacán, Guerrero y Zacatecas— vive horas de angustia. Los llamados “narcobloqueos”, el cierre de escuelas, comercios y aeropuertos, demuestran que el despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército no es una garantía de paz, sino un catalizador de la barbarie.
Para la clase trabajadora, la presencia militar no reduce el delito; aumenta la vigilancia sobre sus colonias, criminaliza a la juventud pobre y normaliza la violencia de Estado. La Guardia Nacional, ahora plenamente integrada a la Sedena, forma parte de un ambiente militarizado en donde los derechos democráticos quedan subordinados a la lógica castrense.
La estructura del crimen organizado es impensable sin la complicidad orgánica del Estado y los políticos patronales. Son ellos quienes protegen las rutas, permiten el control territorial para megaproyectos extractivistas y aseguran el lavado de activos.
La llamada “guerra contra el narco” ha funcionado en los hechos como una guerra contra el pueblo trabajador: más de 300.000 muertos, miles de desaparecidos y comunidades enteras militarizadas, sin que se toque el corazón financiero del negocio ni las redes empresariales que lo sostienen.
El narco, profundamente imbricado con empresarios, políticos patronales y militares
Desde La Izquierda Diario México insistimos en que la caída de un líder criminal no termina con el fenómeno porque el narcotráfico es parte de un entramado de negocios “ilegales” en los cuales participan sectores del estado, de las fuerzas armadas y del empresariado, más allá de los momentos de “cortocircuito” y de enfrentamientos como estamos viendo ahora. Es un negocio que se nutre de la precarización laboral y la falta de futuro para millones de jóvenes, a quienes el sistema solo les ofrece la miseria de la maquila o las filas del sicariato.
El capital financiero internacional, incluidos bancos que operan entre México y Estados Unidos, ha sido señalado en repetidas ocasiones por lavar miles de millones de dólares del narcotráfico, mientras en el discurso oficial concentra toda la responsabilidad en los eslabones más visibles de la cadena.
La salida no vendrá de más militares ni de una mayor subordinación del gobierno de México al imperialismo estadounidense, que pone las armas y exige sangre de este lado de la frontera mientras mantiene intacto el sistema financiero que blanquea los dólares del narcotráfico en Wall Street. Para detener esta barbarie, no basta con “cambiar de estrategia” dentro del marco actual; es necesario romper con la lógica del capital. Denunciamos y llamamos a repudiar cualquier amenaza del gobierno de Estados Unidos de intervenir en México con la excusa de la “guerra contra el narco”.
El fin de esta guerra contra el narco y sus olas de violencia en el país no se firmará en los despachos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ni en Washington. Se conquistará en las calles, con la autoorganización de la clase trabajadora y los sectores populares de forma independiente a los partidos patronales. Frente a la barbarie capitalista que nos ofrece muerte y explotación, urge levantar una alternativa socialista que ponga la vida por encima de las ganancias.
