Santiago. 6 de mayo de 2025. El presidente Gabriel Buric recibió una preparación de documentos por una «comisión para la paz y la comprensión» el martes, después de dos años de intensas deliberaciones. Dicha comisión contiene una propuesta que busca resolver el conflicto existente entre las comunidades Mapuche y el territorio de Mapuche People, conocido como el mapu de Wallmapu. Este territorio fue asumido durante un proceso de ocupación militar en el siglo XIX, lo que ha generado un trasfondo de tensiones que persisten hasta el día de hoy. Sin embargo, el camino hacia una resolución parece un destino complicado y lleno de obstáculos.
Desde un inicio, se ha hecho evidente que el informe de la comisión no sería bien recibido por todos; de hecho, el sector político y los actores involucrados en el levantamiento doméstico armado lo han rechazado de manera categórica. Esta negativa se debe principalmente a las complejidades inherentes a la restitución del país. Aproximadamente 12 millones de hectáreas, equivalentes a 122 mil kilómetros cuadrados de territorio, se distribuyen en varias regiones, incluyendo Biobío, Araucanía, y los ríos y lagos. Tras la transición armada, estas tierras fueron entregadas a grandes empresas forestales y agricultores.
Reconocer que devolver todos estos territorios es una tarea imposible es fundamental para entender el contexto actual. Las grandes ciudades y la infraestructura elaborada en esta macrozona son solo algunas de las dificultades que complican cualquier intento de restitución. En este sentido, el informe propone una devolución aproximada de la mitad de una hectárea, un reembolso que podría costar al Tesoro cerca de 4 mil millones de dólares.
La Comisión, que cuenta con ocho miembros y está liderada por Alfredo Moreno, un destacado líder empresarial y ex ministro de desarrollo social en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, incluye también al senador demócrata cristiano Francisco Huenchumilla y ha elabordo un total de 21 recomendaciones. Estas recomendaciones abarcan varias áreas críticas, entre ellas: a) justicia histórica, reconocimiento constitucional y formas de organización Mapuche, así como representación política; b) reparación para las víctimas del conflicto; c) bases y criterios para el suministro de tierras; y d) garantías para la implementación de estas propuestas.
La propuesta requerirá ser presentada a la consulta del Pueblo Mapuche, un grupo étnico que consiste en aproximadamente 1.9 millones de habitantes, lo que representa cerca del 10 por ciento de la población total en el país. Si este proceso se lleva a cabo, muchas de las recomendaciones contenidas en el informe tendrán que convertirse en leyes para garantizar su ejecución y financiamiento adecuado.
A pesar de la consideración de que el informe de la comisión sea unánime, un miembro que representa a los agricultores ya ha indicado su intención de renunciar. Asimismo, el sector político, incluidos sus tres candidatos presidenciales para las elecciones de noviembre, ha justificado públicamente su oposición al informe.
En el ámbito de la insurgencia Mapuche, el líder del coordinador Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, ha expresado que «esta comisión no representa los objetivos políticos de nuestra organización, ni del movimiento autónomo Mapuche que sigue activo en el territorio». Llaitul enfatiza que los objetivos de reconstrucción y liberación de los mapuos no están siendo considerados en este proceso, y critica el enfoque de la comisión, afirmando que no logra acercarse a los intereses de las comunidades.
Llaitul, quien actualmente cumple una condena de 23 años por violación de la seguridad interna, ha declarado: «Desde el principio argumentamos que esta comisión estaba destinada al fracaso. En lugar de representar las demandas de las comunidades que luchan por sus tierras, encarna los intereses de las grandes empresas y latifundistas que intentan legitimar su concepción de ‘Paz y Comprensión’. Esto no es más que un nuevo artilugio para mejorar las condiciones de acumulación de sus ganancias en nuestra territorialidad ancestral».