El próximo miércoles 23 de abril, se llevará a cabo un juicio preparatorio oral contra Nicolás Petro Burgos, quien enfrenta graves acusaciones relacionadas con enriquecimiento ilegal y lavado de dinero. Este caso ha captado la atención nacional, debido a las implicaciones que puede tener sobre el sistema financiero y político en el país.
En una sesión anterior, que se llevó a cabo el día antes del juicio, la defensa de Petro Burgos presentó pruebas que, según ellos, demostrarían su inocencia, afirmando su falta de conexión con actividades de lavado de dinero a través de las empresas y la Fundación Social Conscious (FUCOSO). Este clamor surge en un contexto donde la transparencia y la legalidad son más necesarias que nunca, especialmente entre figuras públicas.
Además, durante esta audiencia preliminar, el abogado defensor de Alejandro Carranz planteó una inquietud al juez Hugo Carbonó, solicitando el permiso para que se pudiera escuchar la opinión psicológica del análisis realizado sobre Daysuris Vásquez, quien presentó quejas contra el exdiputado. A su vez, solicitó información sobre el análisis financiero que involucra la sociedad matrimonial entre Petro Burgos y Vásquez Castro, lo cual podría ofrecer luz sobre las transacciones y relaciones financieras en discusión.
Tercera audiencia consecutiva. Foto:Captura de video
En la audiencia de hoy, la defensa de Petro se enfocó en demostrar que el árbitro de Tigo Colombia debería indicar que no se ha presentado una acusación legítima en relación al número de teléfono involucrado. La defensa argumentó que «se enviaron mensajes en su nombre, pero no es él». Esto sugiere que habrá testigos para revelar quién realmente estaba usando esta tarjeta SIM, y que las comunicaciones en nombre de Nicolás Petro pueden no haber sido autorizadas por él. Esto puede ser un aspecto crucial en la defensa, pues se busca establecer una línea de responsabilidad clara en torno a las acciones que se le acusan.
Indica «arbitrariedad» en un grupo de tareas especiales
Un tema recurrente en las declaraciones del defensor en los últimos días ha sido el «prejuicio institucional» de la oficina del fiscal. Este argumento se utiliza para condenar las presuntas irregularidades en la actuación de las autoridades y, con base en la evidencia presentada, el defensor introdujo una nueva denuncia contra el grupo especial que acusa a la entidad. Se ha mencionado la existencia de arbitrariedad con el fin de crear un sentido de injusticia en este proceso legal.
El defensor ha manifestado su intención de establecer un análisis público en la audiencia para explorar si efectivamente existió un fenómeno criminológico que justificara la formación de este grupo de tareas especiales, sugiriendo que podría haber una manipulación en las acusaciones realizadas.
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Deivis López Ortega
Corresponsal de El Tiempo
Barriga
