Entre plazas llenas, heridos en la arena, protestas ciudadanas y denuncias penales, las ferias y fiestas de comienzo de año en Colombia readaptan sus programaciones sobre la tauromaquia y los espectáculos con animales en un país que avanza hacia su prohibición definitiva. Mientras algunos defienden estos eventos como expresiones culturales y otros los señalan como prácticas incompatibles con un marco jurídico avalado por la Corte Constitucional, el país atraviesa el último año de la tauromaquia legal en Colombia.
De acuerdo con la Ley 2385 de 2024, ya están prohibidas las corridas de toros, el rejoneo —toreo que se realiza a caballo—, las novilladas, las becerradas y las tientas —pruebas en las ganaderías para seleccionar a las reses más “bravas”—. Esta norma, radicada y aprobada en el Congreso de la República, establece que la prohibición total se iniciará a partir del 22 de julio de 2027. Por ello, durante el periodo de transición en el que se encuentra actualmente el país, estos espectáculos solo están autorizados en aquellos municipios que cumplan con todos los requisitos establecidos.
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Entre los requisitos están:
- Que las actividades se realicen en lugares donde exista una manifestación ininterrumpida de la tradición.
- Que estén limitadas a las ocasiones en las que usualmente se han llevado a cabo, sin extenderse a otros momentos del año o a lugares distintos
- Que las autoridades municipales y departamentales no destinen recursos públicos para la construcción de instalaciones ni para la financiación de estas actividades.
- Que las entidades territoriales asuman un papel activo en la prevención y eliminación del maltrato, la crueldad y la violencia contra los animales.
Luis Miguel Ramírez durante una corrida. Foto:Cortesía Luis Miguel Ramírez
Adicionalmente, la llamada ley ‘No más olé’ fue avalada por la Corte Constitucional y amplió el marco regulatorio, no solo restringiendo las actividades ya mencionadas, sino también incorporando las corralejas y las peleas de gallos.
De cumplirse todos estos requisitos, aún es legal en Colombia realizar corridas de toros, como ocurrió en Manizales, en el marco de la 71.ª edición de la Feria de Manizales. A comienzos de enero se realizó la tradicional feria taurina que, pese a la presión de ambientalistas y defensores de los animales, contó con una programación de 16 toreros y dos novilleros. Con plazas llenas y financiación privada se vivió el espectáculo taurino, que cerró con dos profesionales corneados.
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‘Vivimos ese exilio’
Mientras en plazas como Manizales la tauromaquia aún resiste dentro de los márgenes legales, para quienes viven del oficio el tiempo corre en contra. Luis Miguel Ramírez es torero desde la cuna. Creció viendo a su padre sostener su hogar con esta profesión. “Mi papá era banderillero de toros. Tuve la fortuna de que fue mi primer gran héroe”, afirma. Cuenta que desde los 12 años comenzó a entrenarse en esta tradición familiar y que, a los 18, tras terminar el colegio, cortó su primera oreja.
l torero colombiano Luis Miguel Ramírez ha dedicado toda su vida al toreo. Foto:Cortesía Luis Miguel Ramírez
La aprobación de la ley antitaurina lo tomó por sorpresa, pues ha dedicado toda su vida a ser matador y tenía una escuela para aficionados prácticos que tuvo que cerrar. “Es como ser médico y que a partir de ahora te digan: ‘No, ya no puede ser médico’. Quedas en blanco, completamente en blanco”. Actualmente viaja por distintos países donde aún es legal para poder ejercer: “Nosotros, taurinamente, vivimos ese exilio”. Ramírez considera que en Colombia aún son muchas las personas apasionadas por estos eventos culturales, como se evidenció en el aforo durante la Feria de Manizales.
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Desde el Congreso, sin embargo, la mirada es distinta. Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal e integrante de la Comisión Primera, quien ha liderado la iniciativa #NoMásOlé, señala que en Manizales “la venta de boletería ha decrecido. La plaza se sigue llenando porque regalan las boletas”.
Para el ambientalista y defensor de los animales, el sustento económico alrededor de estos eventos no se verá afectado, ya que reutilizar las plazas de toros como centros culturales será más beneficioso. “Para esas economías informales que se generan alrededor de las plazas de toros va a ser mucho más rentable tener programación todo el año que solamente durante una época”, aseguró.
Como ejemplo, mencionó la Plaza La Santamaría, en Bogotá, utilizada para la inauguración de la Bienal de Arte BOG25 y un espectáculo navideño. “En Bogotá básicamente ni siquiera hay temporada este año; la plaza está dedicada a lo que debería dedicarse, que es a los espectáculos culturales”.
Espectáculo ‘Latido de la Tierra’. Obra inaugural de la BOG25 Foto:Cortesía Bienal Internacional de Arte de Bogotá
Pese a la nueva legislación, en diferentes municipios del país aún se siguen realizando corridas de toros sin cumplir con la reglamentación establecida.
Este es el caso de Barbosa, Santander, donde se hizo un evento taurino el 1.º de enero. De acuerdo con la senadora Esmeralda Hernández, al alcalde Juan David Rojas se le habría advertido que no cumplía con los requisitos dictados por la Corte. “A pesar de las advertencias —porque hubo advertencias de plataformas organizadas, de ciudadanos, de congresistas, incluyéndome diciéndole: ‘Señor, usted no cumple con los requisitos, la corrida es abiertamente ilegal’, a él no le importó y realizó el evento”, aseguró.
Ese día, el torero Sebastián Vargas estaba programado para presentarse en Barbosa. Sin embargo, ciudadanos, colectivos y líderes de Santander protestaron en el lugar por los derechos de los animales. Ante esto, el alcalde Rojas reaccionó insultando a los manifestantes y ratificando que el evento se llevaría a cabo.
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Frente a lo ocurrido, la senadora Esmeralda Hernández interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por un presunto delito de prevaricato y una falta disciplinaria grave. El documento, al que tuvo acceso EL TIEMPO, señala que se hizo uso de símbolos oficiales del municipio en piezas de divulgación del evento; se realizaron pronunciamientos con tono burlón, descalificador e insultante hacia ciudadanos y colectivos animalistas.
Queja disciplinaria presentada por la senadora Esmeralda Hernández. Foto:Cortesía Esmeralda Hernández.
El diputado de Santander Danovis Solano estuvo presente junto a concejales de Bucaramanga para denunciar la presunta ilegalidad de la corrida, que —según afirma— no cumplía con los requisitos, ya que desde hace cinco años no se realizaba un evento de este tipo en el municipio. “Al llegar y realizar el plantón, el alcalde de Barbosa nos ve y nos hace gestos obscenos de manera agresiva. Cuando ingresa al lugar junto con la primera dama, empieza a insultarnos de forma despectiva, diciendo que no respetamos su cultura”, relata el diputado. “Nosotros instauramos denuncia penal en la Fiscalía y la Procuraduría”, añadió.
La senadora del Pacto Histórico enfatizó que el periodo transitorio no solo busca garantías para los animales, sino también para quienes están vinculados a la cultura taurina. “Por ejemplo, en Cali y en Manizales es legal hacer corridas de toros, pero eso no tiene nada que ver con un proceso de transición serio y responsable. La idea de estos tres años es que, cuando la prohibición quede vigente, se haya resuelto el tema de la transición y no quede la gente en el aire. Nosotros tenemos toda la disposición, pero debo expresar mi rechazo frente a las posturas que han asumido algunos alcaldes”.
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Empresarios y la ley
Más allá de los municipios donde las corridas aún se hacen dentro del marco legal del periodo de transición, otros casos han encendido las alertas por presuntas irregularidades. En algunos territorios, la discusión dejó de ser cultural para convertirse en un asunto jurídico, con denuncias penales y procesos en curso contra autoridades locales y organizadores de espectáculos taurinos que, según los denunciantes, no cumplen con los requisitos establecidos por la ley y la jurisprudencia constitucional.
Es el caso de Puente Piedra, en Madrid, Cundinamarca. El representante Juan Carlos Losada presentó una denuncia contra el alcalde Carlos Alberto Chávez Moya, en la que señala que el 15 de marzo de 2025 se hizo una corrida de toros ilegal en el Centro de Eventos Marruecos. Según el documento, el evento no contó con autorización administrativa y se llevó a cabo en un municipio que no cumple con el requisito constitucional de tradición taurina regular. “Yo tengo denunciado penalmente al alcalde, a los toreros que han toreado ahí y al empresario que organizó esas corridas ilegales, porque evidentemente en el municipio de Madrid, Cundinamarca, no hay tradición taurina. Por lo tanto, se les debe aplicar la ley penal por maltrato animal”, afirmó Losada.
Documento presentado ante la Fiscalía General de la Nación. Foto:Cortesía Juan Carlos Losada.
El documento en poder de EL TIEMPO solicita que “se ordene (…) la detención preventiva, bajo la imposición de medida de aseguramiento, de conformidad con el numeral 2 del artículo 313 del Código de Procedimiento Penal”.
La corrida de toros programada para el pasado sábado 17 de enero, en Madrid, Cundinamarca, fue finalmente cancelada, luego de que la Alcaldía emitió un concepto negativo sobre la realización del evento. A través de un comunicado oficial, la administración municipal informó que, tras la revisión técnica de los documentos entregados por el organizador, se evidenció el incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para este tipo de espectáculos. “El evento que pretende llevar a cabo una corrida de toros (…) fue rechazado”, señaló la Secretaría de Gobierno en redes sociales. Se indicó que la decisión se tomó con base en el análisis realizado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, instancia que evaluó el caso el 13 de enero y concluyó que no estaban dadas las condiciones para autorizar el evento.
Desde la organización del espectáculo, el empresario Camilo Medina Rodríguez aseguró que la cancelación lo tomó por sorpresa. Según relató a EL TIEMPO, faltando un día para el evento, no recibió una notificación oficial directa de la Alcaldía y conoció la cancelación a través de redes sociales. “Al día de hoy, a la fecha y a la hora, nosotros no hemos recibido una respuesta oficial de la Alcaldía. Yo, como director y principal afectado, debería tener un comunicado formal donde me informen por qué consideran que el evento no se debe realizar”, afirmó. Medina sostuvo que entregó y subsanó toda la documentación exigida por las autoridades y que, pese a ello, nunca obtuvo una respuesta definitiva antes de la cancelación.
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El empresario explicó que, ante la falta de claridad institucional, decidió suspender el evento para evitar riesgos mayores. “Mi responsabilidad como organizador es velar por que todo esté en orden y contar con el aval de las autoridades. Si ocurre algún problema de orden público o una emergencia y yo no tengo esa certificación, quedo en un vacío total”, señaló. Además, advirtió sobre las pérdidas económicas que deja la cancelación, no solo para la organización, sino para terceros vinculados al evento. “Nosotros ya habíamos incurrido en gastos de tiquetes, logística, proveedores, restaurantes y boletería. Quedamos todos con los crespos hechos, porque la Alcaldía no se ha pronunciado de fondo”, afirmó, al estimar que en eventos anteriores la economía alrededor de la corrida llegó a mover cerca de 2.000 millones de pesos.
Así, mientras el reloj avanza hacia julio de 2027 —cuando la prohibición de las corridas de toros será plena— entre quienes sienten que pierden un oficio y quienes exigen que la ley se cumpla sin excepciones, el país sigue presenciando los últimos olés en medio de heridos, denuncias y confrontaciones frente a su relación con estas tradiciones. Un debate que, lejos de cerrarse, apenas comienza a redefinir qué tradiciones caben y cuáles no.
Juan Carlos Losada participó en las legislación que dio origen a la Ley 2385 de 2025. Foto:Cortesía Juan Carlos Losada
Heridos por todo el país
Sin embargo, el periodo de transición no ha estado exento de hechos violentos ni de accidentes. Durante la primera semana del año, las tradicionales corralejas del municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, dejaron un balance de 63 personas heridas, cifra que aumenta a 77 lesionados si se tiene en cuenta el evento de vaquillas previo, donde también se registraron riñas y heridos.
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En San Juan Nepomuceno, en el norte del departamento de Bolívar, una persona falleció el 2 de enero durante las corralejas. Como quedó registrado en videos de asistentes, un toro embistió a un hombre, identificado como Samuel Herrera, y continuó atacándolo mientras estaba en el suelo. Aunque fue auxiliado y trasladado al Hospital Regional Nuestra Señora del Carmen, murió por la gravedad de las heridas en el rostro. A este hecho se suman al menos nueve heridos más.
Un caso similar ocurrió en Sampués, Sucre. La víctima fue el creador de contenido Brayan Beltrán, quien fue corneado en una pierna y en los testículos cuando intentaba protegerse en la contrabarrera de los palcos. Aunque fue trasladado a Sincelejo, falleció en un centro asistencial.
MARÍA CAMILA MONSALVE MARTINEZ – ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO