Las intensas lluvias que han azotado el Caribe colombiano ya no significan sólo un duro invierno, sino también una emergencia humanitaria de gran escala que supera los recursos locales. Así se afirmó en el Diálogo de Ciudades del Caribe, espacio liderado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que reunió a más de 40 colaboradores internacionales, aliados estratégicos y fundaciones para visibilizar la magnitud de la crisis que golpea a Montería, Santa Marta y Riohacha.
Durante el encuentro, dirigentes locales y equipos técnicos advirtieron que el impacto humano, económico y social superaría los mil millones de pesos. Más que la sostenibilidad financiera, esta cifra muestra la magnitud de la emergencia, que afecta simultáneamente la vida cotidiana, la productividad y la infraestructura en varias capitales del Caribe.
El director de Asocapitales, Andrés Santamaría, llamó urgentemente a la coordinación a nivel nacional e internacional. Destacó que las ciudades viven una realidad que el país debe entender en toda su escala: hay gente sin alimentos, niños que no pueden ir a la escuela, familias sin oportunidades laborales y comunidades enteras aisladas. También advirtió que los efectos de esta crisis no terminarán cuando dejen de llover, ya que sus consecuencias son duraderas y requieren respuestas coordinadas en muchos frentes.
En Santa Marta, el alcalde Carlos Pinedo Cuello describió una situación de emergencia muy compleja que afecta tanto a las zonas urbanas como, lo más importante, al sector rural. Según él, 3.413 familias han resultado afectadas, lo que equivale a casi 8.900 personas afectadas. La ciudad también registra seis muertes. La situación es particularmente grave en las zonas rurales, donde 17 aldeas siguen afectadas y aisladas, y alrededor de 140 deslizamientos de tierra obstaculizan el acceso y la atención de las comunidades.
Aunque la ayuda ya ha sido distribuida, el presidente enfatizó que lo más urgente es la llegada de máquinas que permitan abrir caminos y restablecer la comunicación con territorios aislados. Además, se produce un deterioro progresivo de las condiciones sanitarias básicas, lo que ya supone una amenaza para la salud pública.
En Montería, el secretario de Desarrollo Económico, José Nicolás Barrios, explicó que la ciudad enfrenta una crisis humanitaria, económica y sanitaria al mismo tiempo. La magnitud de los efectos es significativa: más de 45.800 hectáreas agrícolas, 27 comunas y 47 aldeas se vieron afectadas, algunas de las cuales prácticamente desaparecieron. Además, más de 75.800 animales se vieron afectados, lo que amenaza gravemente la economía rural.
Barrios insistió en que la capacidad institucional estaba al límite y que se necesitaba cooperación nacional e internacional para acelerar la recuperación económica. En ese sentido, enfatizó que las prioridades urgentes son proteger vidas y acelerar la recuperación económica. También destacó que la ciudad debe generar confianza e inversión como parte del proceso de reconstrucción, al tiempo que calificó la dimensión territorial y social de lo ocurrido como «Armero sin víctimas mortales».
En Riohacha el panorama también es clave. Las lluvias provocaron una emergencia prolongada que afectó a miles de familias y provocó importantes daños a la infraestructura urbana y rural. Los impactos incluyen viviendas, caminos y sistemas de alcantarillado, lo que aumenta la presión sobre la capacidad institucional del territorio. Las autoridades locales reiteraron la necesidad de apoyo inmediato para atender a las comunidades más vulnerables y fortalecer los preparativos ante eventos climáticos cada vez más frecuentes.
El diálogo también abrió espacios para la cooperación internacional y el sector privado. La Asociación Empresarial Colombo-China expresó su voluntad de apoyar los esfuerzos de respuesta a emergencias, incluidas oportunidades para movilizar a las empresas chinas presentes en Colombia, crear oportunidades de empleo para los residentes de las ciudades afectadas y coordinar el suministro de productos y asistencia después de identificar necesidades específicas en cada territorio.
Por su parte, el Banco de Alimentos de Colombia informó que ya entregó casi 250 toneladas de productos, beneficiando a 5.300 personas de las zonas afectadas. La organización destacó su presencia en Montería y su trabajo conjunto con la Diócesis de Fromlejo, explicando que sus intervenciones se realizan a través de alianzas con el sector privado y entidades territoriales, y no directamente con el gobierno nacional.
La reunión concluyó con un llamado a todos los sectores del país a unir fuerzas en solidaridad y una respuesta coordinada para no sólo abordar la emergencia inmediata, sino también tomar medidas hacia la reconstrucción de las comunidades afectadas.