Si los defensores colombianos del status quo fueran adalides de las instituciones, hoy también condenarían un ataque al derecho internacional, que, además, ha sido pasado por alto por el propio Congreso estadounidense. En este momento, urge revitalizar las instituciones internacionales, porque, como señaló en su momento Estanislao Zuleta, esto representa una conquista parcial de los pueblos del mundo en movimiento, y garantiza, en cierta medida, la posibilidad de procesar los conflictos de manera no violenta, especialmente no militar. No se trata de una defensa abstracta de formas e instituciones, sino más bien de un refuerzo popular, ojalá una reinvención, de los elementos que actúan como freno al militarismo. De lo contrario, sólo nos quedarán los argumentos sobre la violencia armada, una gramática donde los «fuertes» mandan y el resto de nosotros nos convertimos en carne de cañón, cuerpos útiles para los propósitos de otros.
Sobre los defensores colombianos de status quo Si fueran verdaderamente defensores del institucionalismo, no podrían hoy permanecer en silencio ni refugiarse en ambigüedades calculadas, ya que tendrían que condenar con igual vehemencia un ataque frontal al derecho internacional que, por otra parte, ha ignorado incluso los procedimientos y controles del propio Congreso de los Estados Unidos. Su coherencia discursiva requeriría reconocer que no se trata de una cuestión marginal ni de una simple disputa geopolítica extranjera, sino más bien de una violación abierta de las reglas que dicen defender cuando éstas les resultan funcionales. La selectividad moral con la que normalmente invocan la ley y las instituciones revela que, más que una defensa de principios de la institucionalidad, lo que parece ser una adhesión interesada a un orden que es legítimo siempre que no perturbe las relaciones de poder ya establecidas.
En esta coyuntura, es urgente revitalizar las instituciones internacionales, no como un fetiche legal o como un conjunto de procedimientos vaciados de contenido político, sino como un terreno de disputa históricamente conquistado. Como señaló en su momento Estanislao Zuleta, esta institucionalidad representa una conquista parcial de los pueblos en movimiento del mundo, resultado de luchas, derrotas y aprendizajes colectivos, y no un regalo gentilmente otorgado por las potencias dominantes. En ese sentido, su valor radica en que aún garantiza, aunque de manera limitada y siempre frágil, la posibilidad de procesar los conflictos de manera no violenta, especialmente no militar, abriendo espacios para la expresión, la mediación y el reconocimiento de la alteridad. Renunciar a ella o dejar que se erosione sin resistencia equivale a desmantelar uno de los pocos dispositivos que todavía nos permite detener la normalización de la guerra como lenguaje político legítimo.
Por lo tanto, no se trata de una defensa abstracta de formas e instituciones, separada de las personas que las hicieron posibles y que pueden reinventarlas, sino más bien de un refuerzo popular consciente, ojalá una reinvención profunda, de los elementos institucionales que históricamente han actuado como freno al militarismo y a la lógica del poder. Cuando estas mediaciones se debilitan o se vacían de significado, el horizonte impuesto a los argumentos sobre la violencia armada es una gramática brutal en la que los llamados fuertes dictan las reglas y el resto de nosotros quedamos reducidos a partes intercambiables, a carne de cañón, a cuerpos instrumentalizados para fines ajenos a nosotros. Defender y transformar el institucionalismo es, en última instancia, un compromiso con la vida y con la posibilidad misma de un mundo donde el conflicto no se resuelva sistemáticamente destruyendo la alteridad.
* Politólogo. Doctor en Filosofía. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia.