En medio de la creciente incertidumbre sobre la anunciada emergencia económica que impondrá el gobierno, la Contraloría hizo un fuerte llamado al Ejecutivo, instándolo a descartar esa opción. El presidente también insistió en la urgencia de los fondos, advirtiendo de una «grave crisis económica».
@cate_manchola
A adoptar una «estrategia responsable, estricta y equilibrada», el contralor general llamó al gobierno del presidente Gustavo Petr, en medio de expectativas de declarar un estado de emergencia económica por 16 mil millones de dólares. El decreto paraguas ya estaría firmado y a su alcance, a partir de ese documento se dictarán otras medidas con cambios concretos en materia tributaria.
En un duro comunicado, el contralor afirmó que «está claro que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sólo tiene el camino para reducir el gasto en 2026» y recordó que el Congreso republicano aprobó el presupuesto para el año siguiente con un desequilibrio entre fuentes y utilización. «Mientras que se aprobaron ingresos por valor de 530,7 mil millones de dólares, los gastos ascienden a 546,9 mil millones de dólares», explicó. Cerrar esa brecha dependía de la aprobación de un proyecto de ley de asignaciones de 16.290 millones de dólares, que finalmente fue rechazado.
Así, según su visión, alejada de la del Gobierno, «la alternativa más viable es reducir el gasto», pero existe otro reto adicional, que es la gran inflexibilidad: «cerca del 92% del presupuesto es inmutable». Por eso los caminos no son fáciles.
Gastos
Para 2026, la estructura del Presupuesto General se distribuye de la siguiente manera: 65,5% en gastos operativos ($358,1 mil millones), 18,4% en deuda ($100,4 mil millones) y 16,1% en inversiones ($88,4 mil millones).
Según el sujeto de control, es necesario hacer recortes presupuestales, pero que estos deben implementarse con un enfoque que asegure la continuidad de los servicios públicos básicos, evitando al mismo tiempo un aumento del déficit que ponga en peligro la estabilidad económica del país y, además, la sostenibilidad de las finanzas públicas, evitando la generación de desequilibrios fiscales de largo plazo.
Descarta reducir los pagos de la deuda: «Colombia históricamente ha mantenido un estricto cumplimiento de sus obligaciones crediticias, por lo que reducir esta deuda estaría exenta. Sin embargo, a través de operaciones de gestión de deuda, el Gobierno puede reducir parte de este gasto».
La entidad también ha demostrado una marcada rigidez en relación con los costos de personal, pensiones y transferencias, particularmente los del sistema general de participación. Sin embargo, un análisis detallado por parte del Departamento del Tesoro podría identificar ajustes a costos como empleo, gastos de viaje y otros componentes operativos.
Y frente a las inversiones, es el área con mayor flexibilidad, se recomienda priorizar iniciativas de alto impacto macrorregional y que mejoren la estabilidad económica.
Otro aspecto es la ejecución de recursos. “En 2024 sólo se comprometió el 83,1 por ciento del presupuesto total, y en el caso de las inversiones ese porcentaje fue sólo del 57 por ciento”, explicó. Y “en el período actual (2025), que finaliza el 15 de diciembre, hay una ejecución del 79,9%, sin embargo, preocupa especialmente el rubro de inversiones con sólo el 52,8% de obligaciones, y faltan quince días para finalizar el año.
«No es una amenaza»
Ayer, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la emergencia económica, destacando la urgencia del pago de la deuda heredada por el expresidente Iván Duque. Dijo a través de la red social X que «existen condiciones evidentes de estado de emergencia por este hecho».
Mientras que en medio de estas expectativas, los sindicatos más poderosos del país pidieron al Tribunal la anulación del estado de emergencia, el Jefe de Estado advirtió que «si el Tribunal Constitucional decide anular el decreto, entonces la tasa de riesgo país será mayor y la insostenibilidad de la deuda se acompañará de una grave crisis económica».
Y aclaró: «No es una amenaza, es sólo la economía del primer semestre».
Finalmente reiteró lo anunciado por el Ministerio de Hacienda respecto de las medidas que se adoptarán ante esta situación de emergencia. «Se basará en los mismos criterios que rechazan los comités económicos del Congreso. Los nuevos recursos sólo deberían provenir de los megaricos que han sido los beneficiarios de la política económica. Es un pequeño retorno de un gran beneficio para la sociedad».
Contrastes
Para el ex ministro de Finanzas del ex presidente Iván Duque, José Manuel Restrepo, el estado de emergencia es constitucionalmente insostenible «porque todos estos hechos fueron autoproducidos» por el gobierno con «los excesos en el consumo y el aumento del riesgo país», resultado de la incertidumbre que el mismo gobierno «generó con medidas tan malas como la suspensión de la regla fiscal sin motivo».
Mientras que la representante en la Cámara por el Huila, Leyla Rincón, expresó todo su «apoyo a las medidas que creemos deben implementarse para solucionar el desfinanciamiento del PGN, las inversiones sociales y la potencial crisis fiscal, que puede traer graves consecuencias económicas y sociales para Colombia».
Hasta el cierre de esta edición no se conoció oficialmente el decreto.
Medidas
Según información oficial, algunas de las medidas que traerá este estado de emergencia y que inicialmente se aplicarían solo por 30 días son:
-Industrias extraídas: no matar regalías, fortaleciendo el aporte de este sector al país.
-Impuesto al patrimonio: La propuesta mantiene un carácter progresivo que comienza con activos superiores a $2.000 millones (antes $3.600 millones) –excluidas las residencias de uso personal– y alcanza tasas del 5% para los superiores a $104.800 millones. En total, estas medidas recaudarían alrededor de 1,8 billones de pesos.
-Sector financiero: El proyecto incluye un recargo a los bancos y otras entidades financieras, ajustando sus tipos impositivos efectivos a niveles que, según el Gobierno, siguen siendo inferiores a los de sectores como la manufactura, la agricultura o la minería. El cargo se estima en 1.200 millones de dólares.
– IVA sobre bebidas alcohólicas como brandy, ron, whisky y vinos, excluidos los productos artesanales y la cerveza.
– Impuesto adicional sobre el tabaco y los dispositivos de vapeo, respaldado por un estudio del Banco Mundial.
– 19% de IVA para los juegos de azar y fortuna que se realicen exclusivamente a través de Internet.
– Aumento del 20% al 30% en apuestas y ganancias de sorteos ocasionales.
– Y extraoficialmente se sabe que 4×1.000 está cambiando a 5×1.000, es decir, se cobrará el 0,5% del valor de la transacción a las personas que muevan más de 13 millones de dólares mensuales.
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