Las cooperativas cafetaleras del país podrían desaparecer y, a su vez, la informalidad podría dispararse. «Obligar a un cafetalero de un pueblo como El Paraíso o Santa María, en el Huila, a emitir una factura electrónica y conseguir un banco en su finca, es desconocer la realidad rural del país», rechazó. Cocentral.
Un fuerte llamado al Gobierno nacional levantó las cooperativas del país, y Huila, como principal productor cafetalero, también lanzó advertencias.
Según la Cooperativa Central de Cafetaleros del Huila (Cocentral), existe profunda preocupación por el incremento de los procesos de fiscalización por parte de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), donde la interpretación de la norma del sector cooperativo se hace «en perjuicio del mismo gremio», pues exige la aplicación obligatoria de la facturación y banca electrónica para todos los productores de café, sin tomar en cuenta las condiciones reales de producción de los cafés colombianos. de conectividad y acceso tecnológico.
Luis Mauricio Rivera, director general de Cocentral, advirtió ayer «que esta medida, si bien persigue el objetivo legítimo de la formalización, a la que no nos oponemos, de hecho nos gustaría que se generalice, pone en peligro la supervivencia del modelo cooperativo cafetalero que atiende especialmente a los pequeños productores que venden su café en zonas de difícil acceso, donde el internet o la electricidad son limitados».
El directivo explicó que cerca del 96% de los productores de café en Colombia son pequeños agricultores con menos de 5 hectáreas, y que sólo el 30% de las zonas rurales del país cuentan con conectividad estable. «Obligar a un cafetalero de pueblos como El Paraíso o Santa María, en el Huila, a emitir factura electrónica y sacar un banco de su finca, es desconocer la realidad rural del país», enfatizó Rivera.
Riesgos
Según información oficial, desde que comenzó a solicitarse la medida, Cocentral ha registrado una disminución del 12 por ciento en la cantidad de café vendido directamente a través de los canales cooperativos, lo que se traduce en menores ingresos para los productores y un debilitamiento de la cadena formal del café. «Muchos cafetaleros deciden vender a intermediarios informales que no necesitan factura electrónica, lo que debilita el tejido cooperativo y fomenta la informalidad contra la que intentan luchar», afirmó el directivo.
Según la cooperativa, con la nueva reforma tributaria introducida por el Gobierno Nacional, todos los productores agrícolas, independientemente de su tamaño o condición de contribuyente, deberán emitir una factura o documento equivalente por cada venta o servicio. Además, aquellos que superen los $174 millones anuales (3.500 UVT) deberán hacerlo de forma electrónica. La reforma también reduce el umbral de retención para la venta de café y otros productos agrícolas de 160 a 70 UVT, es decir, de unos 7,9 millones de dólares a 3,4 millones de dólares, lo que aumenta la carga tributaria a los pequeños productores.
Según el abogado fiscalista, Carlos Mario Salgado Morales: «El gran problema que representan los procesos de fiscalización de Diana es que la interpretación de la entidad pretende imponer la depuración de ingresos según criterios fiscales, aplicados a entidades sin fines de lucro, ignorando que el sector solidario tiene normas específicas en las que la depuración de ingresos deriva en un tratamiento fiscal específico que se lleva a cabo en el proceso sancionatorio». realizadas por la Dian son demasiado grandes y desproporcionadas, además de que no se ajustan a la realidad del sector y mucho menos a la ley de cooperativas».
La cooperativa, por su parte, señaló que el modelo cooperativo en Colombia es una de las estructuras de inclusión económica más fuertes en este ámbito. «Durante más de 50 años, Cocentral ha garantizado trazabilidad, transparencia y precios justos. Sin embargo, decisiones recientes parecen ignorar el papel histórico que jugaron las cooperativas en la formalización del café», descartó.
Por ello, el director de Cocentral reiteró la urgente necesidad de abrir una mesa de consulta entre el Gobierno, la Federación Nacional de Cafeteros, las cooperativas y la DIAN, a fin de considerar la aplicación de esta norma. «No estamos en contra de la formalización, lo que pedimos es una transición gradual, con apoyo técnico, subsidios para la conectividad y herramientas adaptadas al contexto rural. La tecnología debe ser un puente, no una barrera».
Pues bien, de continuar las condiciones actuales, el modelo cooperativo cafetalero «podría colapsar, afectando directamente a las economías rurales», subrayó. Si las cooperativas pierden su papel en la comercialización, la aldea podría quedar en manos de empresas informales o multinacionales que no garantizan precios justos ni reinversión social. «Lo que está en juego no es sólo la venta de café, sino la sostenibilidad del campo colombiano y la recaudación de impuestos», afirmó Rivera.
El gremio cafetalero propone al Gobierno impulsar un modelo híbrido de facturación rural, que permita facturas simplificadas y el uso de aplicaciones offline certificadas por la Dian. Además, propone programas de formación digital financiados con regalías y cooperación internacional. «Nuestro llamado al presidente Gustavo Peter es a escuchar al pueblo antes de aprobar una ley al respecto. El futuro del café no se puede escribir sin los cafetaleros».
Según datos de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), al cierre del 31 de diciembre de 2023, las 32 cooperativas cafetaleras del país contaban con 70.525 productores afiliados.
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